Treinta localidades de Araba y Nafarroa celebrarán este domingo una consulta popular donde los vecinos deberán contestar a la siguiente pregunta: «¿Está usted de acuerdo con que la línea de alta tensión entre Vitoria-Gazteiz y Castejón-Muruarte pase por el término municipal de su pueblo?».

Mediante esta iniciativa, la plataforma contraria a la línea de alta tensión busca dar «de manera directa» la palabra a los vecinos de treinta localidades que se verían afectados por el proyecto de Red Eléctrica española. En Araba, la encuesta se realizará en Bernedo, Lagran, Urizaharra, Kanpezu, Valle de Harana, Burgelu, Maeztu y Labraza. En cuanto a Nafarroa acudirán los vecinos de Marañon, Cabredo, Lapoblación-Meano, Aras, Aguilar Kodes, Azuelo, Torralba del Río, Esprontzeda, Bargota, Armañantzas, Desoio, Santsol, El Busto, Lukin, Piedramillera, Deikaztelu, Aberin-Muniain, Morentin, Mirafuentes, Oko y Villamayor de Monjardin.

Esta convocatoria se produce después de la petición de retirada del proyecto, el pasado mes de octubre, a los gobiernos de Nafarroa, Lakua y español, que reunió más de 200 adhesiones de cargos electos de las zonas por la que está proyectada la línea. En rueda de prensa, denunciaron el silencio de los gobiernos y el anuncio de REE de presentar en febrero o marzo el proyecto definitivo. De ahí la necesidad «urgente» para que la ciudadanía se manifieste, según destacaron.

«Evitar problemas legales»

La idea inicial era llevar a cabo las consultas en los propios ayuntamientos, pero, sin embargo, anunciaron que «para evitar posibles problemas legales» no utilizarán ni los censos ni los locales municipales.

Asimismo, explicaron que con el objetivo de verificar el desarrollo claro y transparente de la consulta, han constituido una Comisión de Garantías compuesta por personas referenciales del territorio.

Por otro lado, el grupo ecologista Eguzki, mediante una nota de prensa, respaldó la iniciativa y animó a la población a tomar parte en la misma. Además, Eguzki insiste en «la necesidad de tomar en consideración la opinión de los vecinos» y exige la no imposición de estos «proyectos antisociales y antiecológicos por parte de instituciones e instancias oficiales».