Ayer Arnaldo Otegi desgranó en su intervención delante de una juez de la Audiencia Nacional una gran cantidad de argumentos políticos que merecen una reflexión pausada. Otegi expuso las raíces del conflicto político, y apostó por una solución pacífica y democrática para el mismo; también mostró su disposición y la del movimiento que representa para afrontar un proceso en esas claves; en ese sentido, reivindicó la declaración de Altsasu, basada en los principios Mitchell; un proceso que, por otro lado, tiene referencias claras como Irlanda o Escocia, que también mencionó; el político de Elgoibar defendió un trato humano para los presos acorde con los derechos humanos y con una visión mínimamente progresista, a la vez que denunciaba la política penitenciara española, «la más dura de Europa» según sus promotores; el caso que le llevó ante el tribunal, denunciar la cadena perpetua aplicada de facto a los presos políticos vascos, es un buen ejemplo de ello; Otegi también fue autocrítico con la deficiente labor de los vascos para explicar al pueblo español sus reivindicaciones democráticas... Por si los argumentos no fueran suficientes, la vista resultó fuertemente simbólica por otras razones. Otegi acudió preso y en huelga de hambre, muestra de su compromiso con el colectivo del que forma parte y con la parte del pueblo vasco que representa.

Desgraciadamente, quizá lo único que quede en la retina del ciudadano medio español sean las impertinencias de la juez y que Otegi hizo uso de su derecho a no responder ante el tribunal. Es posible que Otegi no respondiese porque decir lo que piensa pueda ser considerado delito. De hecho, por eso se le juzgó ayer, por eso está en la cárcel. Pero incluso Rodríguez Zapatero ha aceptado en público que el auténtico problema es que muchas personas en Euskal Herria piensan así. Las razones, como se ha mencionado, las expuso brillantemente Otegi. En todo caso, hasta ahora incluso los españoles defendían que pensar no es delito.