El Consistorio de Ortuella trata hoy, a partir de las 19.00, entre los puntos del orden del día del pleno ordinario mensual, una moción, avalada por cientos de firmas de vecinos, en la que se censura la prolongación de la condena en diez años al ex preso Patxi Gómez López. El caso no es muy distinto a iniciativas que en otros municipios de Euskal Herria se tratan en apoyo a los derechos de los represaliados políticos vascos, la novedad, sin duda, es que el documento a debate fue presentado a los promotores por el grupo municipal del PSE en ese Ayuntamiento.

Para situar el asunto hay que retrotraerse a la iniciativa impulsada por un grupo de vecinos para denunciar la resolución del Supremo de diciembre pasado en la que decidió alargar en 10 años la condena al ex preso, que ya cumplió en cárceles dos décadas de pena.

Gómez, de 53 años, ha pasado prácticamente la mitad de su vida encarcelado. Ingresó por primera vez en prisión en 1989 condenado por «pertenencia a ETA». Al cumplir las tres cuartas partes de su pena, fue puesto en libertad condicional en 2002.

Tras permanecer un año y cuatro meses en la calle, la Audiencia decretó su regresó a la cárcel con fecha de salida. Debía ser puesto en libertad en junio de 2006, pero un mes antes le aplicaron la conocida como «doctrina Parot», que aplica las redenciones a la totalidad de la condena. La defensa recurrió aquella resolución y pidió al tribunal especial que aplicara el nuevo Código Penal, aprobado en 1995, en vez del antiguo, con el que fue juzgado, al ser más favorable para el preso. La Audiencia Nacional dio la razón al vecino de Ortuella y le dejó en libertad al estimar que ya había cumplido toda la condena. Pero la Fiscalía volvió a recurrir, primero ante el tribunal especial, que ratificó su decisión, y después ante el Supremo.

La plataforma ciudadana inició en diciembre una serie de contactos con los grupos políticos representados en el Consistorio vizcaino -PNV, PSE y EA- de cara a presentar una moción a pleno. Tras un intercambio de documentos y varios contactos entre las partes, con el delegado de Derechos Humanos, el edil de EA Israel Brull, como dinamizador, el PSE presentó un escrito que es el que hoy se discute.

El contenido del texto que avaló el grupo municipal que lidera Daniel Arranz -que fue gobernador civil de Bizkaia de 1994 a 1996- sorprendió a las fuerzas que sustentan el gobierno local (PNV-EA). En él, se manifiesta la preocupación «ante la situación de desamparo que está sufriendo durante los últimos años» Gómez, apostillando que el caso del vecino de Ortuella es único a nivel europeo.

No se olvida de la angustia que embarga a la familia de Gómez y a sus allegados, «al no tener certeza de cuál va a ser su futuro, ni de cuándo se considerará, por las entidades correspondientes, que Patxi ha cumplido la condena».

Tras subrayar que se trata de «una situación desproporcionada e injusta», se propone que la Corporación municipal inste a las instituciones correspondientes el estudio del caso, «si es posible, revocar lo que, de facto, puede entenderse como una cadena perpetua». Todo ello después de afirmar que se plantea «con el ánimo de evitar que la Justicia quede debilitada por la aplicación excesivamente rigurosa de una Ley poco justa; máxime cuando Patxi ha demostrado su incorporación a la vida social de Ortuella, y su deseo de convivir con sus vecinos».