A pesar de que el pasado 26 de enero el Juzgado de la Contencioso-Administrativo número 2 de Donostia ordenara suspender la deportación y la retención de un ciudadano marroquí, F.B. de 34 años y residente en Bilbo, éste sigue ingresado en el centro de internamiento para extranjeros de Hendaia. Concretamente, el auto de la juez ordena la suspensión de la retención y solicita su readmisión en el Estado español.

El ciudadano marroquí, que está casado con una ciudadana de nacionalidad española y está empadronado en Bilbo, regresaba de París a Hendaia en tren el 21 de enero, cuando a su llegada le fue denegado el paso a Irun por parte de funcionarios de la Comisaría de la Policía española. El mismo día fue internado en el centro de extranjeros de Hendaia, donde conti- núa, a petición del tribunal de Grand Instance de Baiona.

El abogado defensor calificó de «inexplicable» la situación por la que pasa su cliente y denunció que la Policía española «ocultó información» a la francesa, pese a que comparten el puesto de vigilancia en Biriatu.

Derechos fundamentales

En este sentido, el abogado consideró que la Policía española «ha vulnerado derechos fundamentales, especialmente el de asistencia letrada».

Añadió que «la deportación del ciudadano marroquí estuvo a punto de consumarse», ya que, siempre según el letrado, la Policía francesa tenía previsto un viaje por carretera desde Hendaia hasta la localidad costera de Sete, próxima a Marsella, desde donde zarpaba un barco que hubiera deportado a su defendido «irremisiblemente» a Marruecos.

Aunque la resolución del Juzgado de Donostia evitara este desenlace, el abogado de F.B. lamentó que «todavía no ha permitido la definitiva liberación».

Junto a ello, el abogado recordó a la agencia Efe otras «irregularidades graves» cometidas supuestamente desde la Brigada de Extranjería y Documentación de Gipuzkoa, y especialmente del Grupo Operativo de Extranjeros que tiene como base Irun.

Según señaló, en su día una de estas irregularidades dio lugar a otra resolución de retorno de una ciudadana de origen boliviana, que fue «indebidamente» deportada a su país desde Irun.

En este caso, también existía un procedimiento judicial, que finalmente fue estimado y originó su vuelta al Estado español desde Bolivia, promovido desde el Ministerio español del Interior.