El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo reiteró ayer su petición de absolver a cinco directivos del diario «Egunkaria», clausurado por las Fuerzas de Seguridad españolas el 20 de febrero de 2003, hace ya casi siete años. De esta forma, el representante del ministerio público cuestiona que los documentos supuestamente intervenidos a la dirección de ETA, en los que se basan las acusaciones, demuestren vinculación económico- financiera alguna entre la organización armada y el periódico vasco. Según Carballo, «aparecer en tales documentos no debe ser por sí mismo un motivo suficiente para imputarles pertenencia» a ETA y rechaza el planteamiento «tautológico» (redundancia o repetición interesada) de las acusaciones cuando éstas aseguran que si ETA «controlaba el periódico, el director tenía que saberlo». Motivos más que suficientes para reclamar la absolución de quienes se han visto obligados a sentarse en el banquillo de los acusados.

Lo que Miguel Ángel Carballo viene a decir, entre otras cosas, son obviedades tales como que aparecer en un supuesto documento de ETA no implica per se la pertenencia a la organización; o que repetir hasta la saciedad un mensaje falso no lo convierte nunca en verdadero. Los argumentos del fiscal se han utilizado con mucha frecuencia en incontables juicios a lo largo de las últimas décadas, aunque, curiosamente, habitualmente haya sido en boca de los abogados defensores de las numerosas personas acusadas por los estados español o francés de colaboración o pertenencia a ETA.

Sin ir más lejos y manteniéndonos en el mismo ámbito de los medios de comunicación, como es el caso que nos ocupa, los del fiscal Carballo son exactamente los mismos razonamientos que las defensas proclamaron en el «caso Egin» ante la misma Audiencia Nacional española. Y cuando, como en ambos casos, la acusación se mantiene aunque no se sostenga ni técnica ni jurídicamente, se hace patente la persecución ideológica.