El deterioro de la situación sanitaria que viven los presos políticos vascos ha llevado a 768 profesionales del ámbito sanitario a suscribir un manifiesto en defensa de la salud de los integrantes del Colectivo de Presos Políticos Vascos en el que alertan de la «precaria y muchas veces negligente asistencia» que se les ofrece a las presas y a los presos vascos.

Estos profesionales de la medicina constatan que la asistencia sanitaria a los presos políticos vascos «ha empeorado de forma alarmante». Su preocupación no recae sólo en este deterioro y es que advierten de que la situación tiene «visos de empeorar aún más». De ahí que haya surgido este manifiesto, que compartirán en las próximas semanas con otros agentes y colegios del ámbito sanitario.

Los firmantes se suman a la exigencia de que los presos que sufren enfermedades graves e incurables sean puestos en libertad de manera inmediata. Miren Arana y Javi Hernando -que hicieron de portavoces de los centenares de médicos, sicólogas y sicólogo,s y enfermeras y enfermeros de todo el país que avalan la iniciativa- recalcaron que los prisioneros aquejados de enfermedades graves «cuentan con un riesgo muy alto de fallecer antes de cumplir la condena en su totalidad».

En la sede del colegio de Médicos de Bizkaia y ante los micrófonos de los medios de comunicación, los profesionales de la salud no titubearon a la hora de afirmar que los presos gravemente enfermos «se hallan sometidos a una pena de muerte en prisión encubierta».

Consideraran, además, que la alarma «está totalmente justificada» y como botón de muestra trajeron a colación los últimos episodios: el cateterismo urgente al que tuvo que ser sometido Juan José Rego Vidal tras padecer varias anginas de pecho y el intento de suicidio de Igor González, días después de que su sicóloga alertara al director de la prisión de ese riesgo.

Terapia sin control ajeno

A juicio de los 768 subscriptores del manifiesto, la denominada prisión atenuada, que confina a los presos en sus domicilios bajo unas condiciones de vida muy similares a la cárcel, «no favorece en nada la salud». Opinan que estas personas «deben disponer del derecho a sobrellevar su enfermedad y terapia sin ningún tipo de control ni cortapisas externas», por lo que abogan por la urgente puesta en libertad de los presos con estos cuadros clínicos.

Otro elemento preocupante, a juicio de estos facultativos, es la política «especial» que se aplica al Colectivo de Presos Políticos Vascos, destacando las consecuencias de «la cadena perpetua» que se aplica de facto. Explicaron que el alargamiento de las condenas acarreará que la edad media del colectivo aumente en los próximos años; y esto, a su vez, «generará situaciones muy graves en lo referente a la salud».

Basándose en los parámetros que rigen la evolución de la salud, indicaron de que un número significativo de presos desarrollará algún tipo de enfermedad a corto plazo. De la misma manera, advirtieron de que los que están ya enfermos sufrirán un empeoramiento en su salud debido a la edad y los años de encierro.

Sin llegar a cuadros clínicos tan graves, son numerosas las trabas que los presos encuentran en su día a día de cara a recibir asistencia sanitaria. El manifiesto intenta inventariar algunas de ellas, como la sistemática negativa que sufren los médicos y sicólogos de confianza para visitar a los presos enfermos; la vulneración del derecho a la intimidad y de la confidencialidad en las consultas, así como la negligencia en la asistencia.

En la rueda de prensa ofrecida en Bilbo, en la que participó una amplia representación de estos profesionales, explicaron que, precisamente, son ellos «los que mejor pueden observar la deriva de la situación sanitaria de los presos», ya que muchos de los firmantes han asistido durante años, bien en la cárcel o en la calle, a esas personas ahora presas.

El manifiesto, que continuará siendo socializando entre sus colegas de la medicina, finaliza enumerando una serie de peticiones que realizan tanto a la Administración Pública como a los responsables de las prisiones y las instancias judiciales competentes. Reclaman una asistencia sanitaria adecuada y digna para toda la ciudadanía «por encima de consideraciones penales o legales o cualquier política penitenciaria». En este sentido, hacen especial hincapié en que se garantice las visitas de médicos y sicólogos de confianza.

Poniendo el acento en la influencia que tiene el entorno familiar y afectivo para el correcto diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, los profesionales que suscriben este documento exigen que los presos políticos vascos tengan acceso a una asistencia médica adecuada en Euskal Herria.