Casi todos los gobiernos suelen esperar ansiosos, y al mismo tiempo con ansiedad, la llegada de la rotación semestral al frente de los consejos de ministros de la Unión Europea. Ansiosos porque creen que les dará visibilidad internacional y, en consecuencia, réditos en su imagen interna. Con ansiedad porque temen no dar la talla (una de las formas de ansiedad más padecidas en el mundo es el miedo escénico) y que lo que se ve como una oportunidad para asomar la cabeza en el panorama europeo e internacional se convierta en un escaparate de las vergüenzas propias.

Zapatero necesitaba lo primero (imagen y proyección) y temía lo segundo (el fracaso). Su necesidad chocó de entrada con el Tratado de Lisboa, que institucionalizaba dos competidores (ambos por encima de él en sus respectivos ámbitos de competencia): Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, y Catherine Ashton, Alta Representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad. El jefe del Gobierno español trató de vender una imagen de trabajo en común con las nuevas figuras en aras del interés general europeo (una medida acertada, porque es lo que le tocaba hacer, pero con un éxito mediático menor), artículo conjunto con Van Rompuy incluido.

Y vendió un programa semestral muy ambicioso, y muy criticado por ello mismo en Bruselas, puesto que el exceso de objetivos y la búsqueda de protagonismo son percibidos (lo demuestra la experiencia) como muestras de indefinición y de ausencia de un enfoque claro. Los objetivos declarados por la presidencia española son los siguientes: recuperación económica y creación de empleo de calidad, fortalecimiento del papel de Europa en el mundo, profundización de los derechos de los ciudadanos -fundamentalmente la igualdad entre hombre y mujer-, seguridad, y desarrollo y aplicación del Tratado de Lisboa en colaboración, sobre todo, con Van Rompuy. Pero en los pasillos del Consejo comienzan a escucharse ya los primeros ecos de las desavenencias y tensiones que se están suscitando entre la presidencia española y el equipo de Van Rompuy sobre quién debe presidir qué.

El arranque quedó pronto en nada. Un mes ha sido suficiente para que los peores fantasmas de su gestión y de la realidad del Estado que gobierna le revienten en la cara. Ni sus ministros dieron la talla en las entrevistas previas al semestre de presidencia en la prensa europea (ya recogimos el rapapolvo de «Die Zeit» a la vicepresidenta económica española, Elena Salgado), ni los gobiernos y medios de comunicación europeos, e incluso estadounidenses, han tenido piedad a la hora de retratar al Estado que ostenta hoy la rotación de las presidencias de los consejos de ministros comunitarios.

Informes demoledores

Lo peor que le podía haber ocurrido a Zapatero era hacerse visible precisamente en el peor momento de la economía española. Los informes sobre el presente y el futuro de la misma son demoledores, y a la grave realidad se suma la percepción exterior, que es nefasta. El pago de la deuda a intereses elevados, el déficit disparado y la inclusión de España en la lista de peores alumnos tras Grecia han colocado en una situación insostenible en el ámbito europeo al Gobierno del PSOE. Lo que, obviamente, está siendo aprovechado por el PP para lanzar un ataque en toda regla que ni los sindicatos se han atrevido a hacer. El objetivo es tumbar al Ejecutivo de Zapatero y lo más probable es que a la derecha española no le importe lo más mínimo intentarlo en plena presidencia del Consejo de Ministros de la UE (como ocurrió durante la presidencia checa). Y hay un temor añadido: que se confirmen las amenazas de revuelta social por el impacto de la crisis en los sectores populares.

Hay informes que confirman lo obvio: la recuperación económica de los Veintisiete tiene lugar a varias velocidades y España y Grecia están en la más lenta. Expertos como Edward Hugh dudan de la capacidad de control que el Gobierno español tiene actualmente sobre su alarmante déficit y, en consecuencia, cuestionan directamente la confianza que puede transmitir el plan de Zapatero para reducirlo y reflejan las serias dudas que penden sobre su capacidad de controlar el gasto presupuestario. Estos expertos se llevan las manos a la cabeza cuando Elena Salgado, por ejemplo, declara ser «moderadamente optimista para 2010 y 2011», o cuando José Luis Rodríguez Zapatero insiste en que «España es un país serio».

Palabras difíciles de sostener cuando sus datos de desempleo doblan la media comunitaria y cuando la OCDE augura que el paro puede alcanzar, e incluso sobrepasar, la histórica tasa del 24% que alcanzó en 1994.

El desequilibrio aumenta

Para los expertos es evidente que España, al igual que Grecia, necesita seguir en la zona euro, pero lo que no es tan obvio es si los contribuyentes netos a las arcas comunitarias están dispuestos a ayudarles para conseguirlo. El déficit por cuenta corriente del Estado español volvió a dispararse a finales de 2009. Según los expertos, la cuenta corriente española sigue deteriorándose, básicamente, por la falta de competitividad de los proveedores españoles.

El déficit por cuenta corriente es la situación que se produce en la balanza de pagos de un estado cuando los gastos por intercambio de mercancías, servicios (turismo y viajes), rentas y transferencias con el exterior son superiores a los ingresos que percibe. Indica que se está comprando más de lo que se vende. Ese déficit debe ser compensado en la cuenta de capital, es decir, con créditos o inversiones provenientes del exterior. Si los inversores exteriores pierden la confianza en la marcha de la economía o en el gobierno (tal y como ha ocurrido esta semana con el español) conseguir préstamos del exterior cuesta mucho más, atenazando las cuentas del ejecutivo. De ahí que si la economía española no comienza a ser más competitiva, la desconfianza hacia la gestión de su Gobierno se agravará y su posición en la zona euro será más delicada aún.

Berlín y París aseguraron la pasada semana que no están trabajando en un plan de rescate de las economías española y griega, pero algunos analistas anticipan ya que a puerta cerrada comienzan a exigirse programas de ajuste draconianos como paso previo a cualquier eventual plan de rescate. Sea como advertencia o como una hipótesis de trabajo, la expulsión de la eurozona ya está dejando de ser tema tabú. El ministro alemán de Economía, Rainer Brüderle, declaró en Davos que «británicos y alemanes no pueden financiar los fracasos de otros». Es cierto que esto puede no ser más que mera retórica, porque hasta Letonia y Hungría están siendo capaces de pagar los préstamos recibidos, pero es un claro indicio de hasta qué punto se está deteriorando la imagen del Estado español en los verdaderos centros de poder de la Unión Europea.

Sistema de control sin precedentes

La Comisión Europea acaba de establecer un sistema de control sin precedentes para vigilar el cumplimiento del plan de austeridad fiscal griego, que pretende reducir el déficit público diez puntos hasta el 3% del PIB en 2012; y es fácil imaginar que al Estado español le puede suceder otro tanto. El nuevo comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, dijo este miércoles (justamente en su última rueda de prensa como responsable de Asuntos Económicos y Monetarios) que «Grecia, España y otros» comparten problemas estructurales, entre ellos «una pérdida constante de competitividad desde que son miembros de la zona euro». Lo que está claro es que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que establece medidas de vigilancia para evitar que los estados incurran en un déficit excesivo, ya no sirve.

Mal buscador de consensos

Poco o nada ayuda a los intereses de Zapatero que él o sus ministros presenten ante los medios de comunicación supuestas iniciativas o propuestas sin el debido contraste con el resto de socios, al menos con los que de verdad cuentan: Alemania, Francia y Gran Bretaña. En enero hubo algunos ejemplos, como el que enfrentó a Londres y Dublín con Madrid por una propuesta española (apoyada por los liberales, pero sin haberla consensuado aparentemente con nadie más, algo que debe exigirse al estado que ocupa la presidencia) que proponía sancionar a los países que no cumplan el objetivo de competitividad.

El líder de los liberales en el Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, había ahondado en la cuestión llegando a plantear «nuevos fondos estructurales para los Estados que presenten planes creíbles y resultados», pero al mismo tiempo «sanciones financieras» a los estados que no se gasten «correctamente el dinero europeo en los objetivos de la UE-2020». Unos objetivos que todavía están por definir, por mucho que Barroso presentara la estrategia UE-2020 con la retórica habitual a principios de año. De hecho, la UE ni tan siquiera ha sido capaz de cumplir los mínimos recogidos en la Agenda de Lisboa, que perseguía el ambicioso objetivo de convertirse en la economía más dinámica y competitiva del mundo en 2010.

Lo que Zapatero -con una credibilidad bajo mínimos para hablar de estos temas-, Verhofstadt o el propio Van Rompuy sugieren con estas propuestas es que la Comisión Europea debería ser quien dirigiera y controlara la política económica, algo que choca con la opinión mayoritaria de los Veintisiete. Berlín y Londres, aunque por diferentes motivos, no van a ceder más soberanía a nadie en una cuestión tan fundamental, y menos en medio de una grave crisis. Aparentar ser un federalista queda muy bien en los discursos oficiales, pero eso no convierte en estadista de talla europea al que los pronuncia.

Lo que sí subyace bajo este debate es el futuro de la Unión en términos de gobernanza y eficacia (que está siendo abordado por el Grupo de Reflexión sobre el futuro de Europa que dirige el ex presidente español Felipe González y que fija su horizonte en 2020 y 2030), pero también en términos de cumplimiento de los objetivos estipulados, en este caso por la Agenda de Lisboa: gasto en I+D+i, reforzar la competitividad, desarrollar el mercado interior, modernizar el modelo social europeo y mantener sana la evolución de la economía. Fracaso es la palabra que define el cumplimiento de casi todos estos objetivos. Los expertos aseguran que cuando se haga público el primer informe del Grupo de Reflexión saltarán chispas. Pero el «grupo de sabios», al igual que el propio Zapatero cuando formula propuestas que es el primero en no poder cumplir, también tiene un grave problema de legitimidad o credibilidad para dar lecciones y marcar rumbos, empezando por González.

Éstos son los líderes de la Unión, llorando por el plante de Barack Obama e incapaces de ocultar o hacer frente a sus vergüenzas.

Un plantón, un drama

El hecho de que el anuncio de que Barack Obama no acudiría a la cumbre con la UE prevista para el 25 de mayo y la posterior confirmación de que, en realidad, ni tan siquiera habrá cumbre en esa fecha hayan puesto contra las cuerdas al Gobierno español (que lo había anunciado como uno de los hitos de su presidencia semestral al frente de los consejos de ministros de la Unión Europea) da una idea muy aproximada del nivel y de la situación de éste y otros gobiernos de la Unión. Y refleja crudamente que muchos estados miembros, incluido, desde luego, el español, entienden la política exterior comunitaria como un escaparate propio, no como una acción política europea.

En todo caso, deducir de ello que la Unión Europea pierde peso en la escena mundial es precipitado. En primer lugar, porque el peso e influencia real de la UE en el mundo no sube o baja en función del número de reuniones que celebre con Obama; en segundo, porque el ascenso de los países emergentes (China, Brasil e India principalmente) no es nuevo; y en tercer lugar porque, en realidad, la UE nunca ha sido el interlocutor principal de Estados Unidos, no al menos la UE como tal y no delante de los focos. Gran Bretaña sí, claro, y también la estructura comunitaria cuando se trata de temas policiales y de seguridad. EEUU no tiene mayores problemas con la UE (excepto los que tienen que ver con las regulaciones al comercio entre ambas orillas), pero sí con China, así que es normal que vuelque su actividad diplomática con una potencia que le plantea enormes desafíos (y peligros en términos comerciales, sobre todo) y nuevas reglas. Obama, además, bastante tiene con solucionar sus problemas internos.

No obstante, la Casa Blanca aprovechó la ocasión para enviar el miércoles un recadito a la nueva arquitectura institucional comunitaria, cuando el portavoz del Departamento de Estado, Philip J. Crowley, afirmó que la cancelación de la cumbre se ha debido, en parte, a la confusión originada por el Tratado de Lisboa en cuanto a la representación exterior de la UE: «¿Con quién y dónde tenemos que hablar?», se preguntaba Crowley. Aunque es una simplificación, en cierto modo refleja lo que Lisboa es o, cuando menos, lo que ha provocado hasta el momento. De todos modos, los que ahora dicen que Obama ha dejado en evidencia a la UE son los mismos que aplaudieron el nuevo tratado como un gran avance.

«Cumbritis»

Por otra parte, el plante o desplante estadounidense refleja perfectamente que el funcionamiento comunitario padece de «cumbritis». Sería mucho más efectivo si se celebraran menos cumbres y si éstas tuvieran mucho más contenido o sustancia. El problema es que, al no contar con una política exterior realmente común al ser imposible a veces consensuar acciones o decisiones a veintisiete, y al tener que contentar las necesidades y aspiraciones de los estados miembros en términos de escaparate exterior, las cumbres bilaterales se convierten casi en el único instrumento que permite a la UE acelerar la toma de decisiones. Y eso implica vivir siempre al borde del fracaso. Demasiadas veces, la Unión Europea es el ejemplo perfecto de cómo el protocolo puede imponerse al contenido (y no sólo en cuestiones de política exterior). Dicen que, ya en la cumbre de Praga entre la UE y EEUU, Obama dijo a uno de sus asistentes lo siguiente: «Esto es una pérdida de tiempo».

Es obvio, por otra parte, que la indefinición de algunos estados de la UE a la hora de aceptar presos de Guantánamo o enviar soldados a Afganistán o a Irak se refleja en un deterioro de las relaciones con el conjunto de la Unión Europea.

Agenda consensuada

Debe tenerse en cuenta también que la agenda semestral comunitaria no la decide el Estado miembro que ostenta la presidencia. Esa agenda es una cuestión comunitaria y, como tal, es acordada y consensuada por los Veintisiete a través de sus embajadores permanentes y sus adjuntos. A Madrid, en este caso, le queda la potestad de decidir dónde se celebran algunas de las reuniones previstas para este semestre. Y decimos «algunas» porque las más importantes (consejos europeos y consejos de ministros) se celebran en Bruselas (la mayoría) y Luxemburgo. Al Gobierno español le resta el consuelo de poder decidir dónde tienen lugar la mayoría de las cumbre con terceros países (seis en este semestre, toda vez que se ha cancelado la prevista con EEUU), la mayoría de las reuniones informales de los ministros comunitarios (una cuarentena de encuentros en los que no se adoptan decisiones) y las reuniones ministeriales con terceros países (destinadas a ahondar en el diálogo político o a preparar cumbres bilaterales).

Ahora bien, ¿habría cancelado Washington la cumbre si la presidencia la ostentara otro Estado miembro? ¿A quién ha desairado realmente Obama? El problema para Zapatero es que su posición interna y externa es tan débil, y la crisis económica y de confianza tan grave, que cualquier contratiempo es percibido como un drama porque empeora aún más su imagen exterior y da gasolina a la ofensiva del PP. Incluso algunos barones del PSOE han reclamado ya a Zapatero que cambie el Gobierno tras el semestre de presidencia.

La obsesión vasca

Visto lo visto, no debe extrañar que el «gran logro» del Gobierno español en este semestre vaya a ser el desembarco, hoy, de los ministros de Competencia de la UE en Donostia. Tan desorientado y obsesionado está su Gobierno que cambiaron de lugar esta reunión (estaba prevista en León, y así fue transmitido a la UE) para que el «efecto López» tuviera su minuto de gloria en la UE.