Olaitz Lema e Igor Martín, los dos últimos encarcelados en la operación desarrollada por la Ertzaintza y que ha sacudido Ondarroa en las últimas semanas, han denunciado haber sido objeto de malos tratos cuando se encontraba en régimen de incomunicación a manos de la Policía autonómica. Estas dos denuncias se suman a las realizadas por los ondarroarras Ibon Iparragirre, Asier Badiola, Xeber Uribe, Zunbeltz Bedialauneta y Urtza Alkorta.

Los dos jóvenes vizcainos, que son pareja sentimental, comparecieron en la Audiencia Nacional española durante la mañana del viernes, pero lo hicieron incomunicados y sin su abogado de confianza, por lo que no fue hasta ayer cuando pudieron relatar lo ocurrido a su letrado, después de ingresar en la cárcel de Soto del Real. Martín, que calificó de «muy duro» el trato al que ha sido sometido, indicó que «todo su cuerpo fue objeto golpes». En la nota emitida por el movimiento pro amnistía al respecto, se precisa que Martín ha sido operado de los tobillos hasta en seis ocasiones, y denunció que «los agentes, conociendo este historial, fue donde más se enseñaron con él», causándole un dolor «intenso».

Al igual que denunciaron los anteriores encarcelados, Martín aseguró que las presiones, las amenazas y las humillaciones fueron continuas. En el caso de Lema, indicó que en un momento de la incomunicación los agentes encendieron un altavoz por el que podía escuchar los gritos y los sollozos de su compañero.

Ambos ondarroarras aseguraron que desde que fueran arrestados y hasta ser trasladados al tribunal especial no les dejaron dormir, y los dos se quejaron de incesantes ruidos y de que las luces estuvieran en todo momento encendidas.

Al igual que el resto de arrestados, denunciaron estas prácticas ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

El movimiento pro amnistía mostró su «enfado y hastío ante estas nuevas denuncias de torturas» y responsabilizó directamente al consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, y al lehendakari, Patxi López, de esta actuación de la Ertzaintza. Entiende que «la aplicación de la tortura es el resultado de una decisión política» y asegura que, si no fuera así, nadie que evitase la tortura incomunicaría a los arrestados.