Economistas y expertos en el sistema de pensiones corroboran que la reforma emprendida por el Gobierno español supondrá una de las mayores agresiones a los derechos de la clase trabajadora y alimentará las cuentas del sistema privado. El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene, de momento, como mejores aliados a Emilio Botín, presidente del grupo Santander y que figura entre los 700 más ricos del mundo; a Francisco González, presidente de BBVA, que cuenta con un fondo de pensiones privado de 80 millones; al máximo responsable del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordoñez y la OCDE.

Miren Etxezarreta, doctora en Economía por la London School of Economics y de la Universidad Autónoma de Barcelona, cuestiona en un reciente libro «Qué pensiones, qué futuro», de la editorial Icaria, los argumentos que plantean la inviabilidad de las pensiones públicas y afirma que «las consecuencias sociales de un cambio hacia los sistemas financiados de forma privada pueden ser muy negativas para el bienestar de los pensionistas, de los ciudadanos en general e incluso para la eficacia y el crecimiento económico».

Señala que «quienes toman las decisiones de política social parece que están mucho más preocupados por la supuesta insostenibilidad financiera de los sistemas públicos de pensiones que por el bienestar de los pensionistas», porque, a su juicio, las medidas tomadas en todos los casos «llevan a una disminución de las tasas de reemplazo y se observa muy poco interés en asegurar pensiones, siquiera mínimas y, mucho menos, suficientes para que se pueda llevar una vida digna en la vejez».

Sistema privado, más riesgo

Etxezarreta, por otro lado, se cuestiona que se ponga en tela de juicio el futuro del sistema público y, sin embargo, no se ponga en entredicho el sistema privado que en 2008, tras el estallido de la crisis en la economía real, provocó una pérdida importante en el patrimonio de los fondos de pensiones, mientras que el sistema público de Seguridad Social en el Estado español ha mostrado su fortaleza con superávit, de 8.500 millones en 2009 y con un fondo de reserva creciente que ya cuenta con 62.200 millones.

Según Inverco, el patrimonio de los fondos de pensiones en 2009 terminó con 84.788,6 millones, aunque bajó a los 76.366,2 millones en el primer trimestre debido a la crisis. No obstante, en 2007 la cantidad invertida en fondos de pensiones fue la más alta desde 1988, y alcanzó los 85.842,3 millones.

Pacto de Toledo

La puesta en marcha del Pacto de Toledo en 1995 marca un verdadero hito. Se vende la idea de que ese pacto tripartito sirvió para garantizar el sistema público en el futuro, sin embargo la realidad muestra que desde 1995 el patrimonio de esos fondos se ha multiplicado por ocho y, en cambio, el sistema público de pensiones ha endurecido los requisitos de acceso a una pensión. Quienes cuestionan la viabilidad del sistema público se encuentran con el hecho de que, como indica ELA, el gasto de pensiones contributivas en relación al PIB en 1995, año de la creación del Pacto de Toledo, se situó en un 8,3% en el Estado español y de un 8% en Hego Euskal Herria, pero trece años después, es decir en 2008, el gasto en pensiones sobre el PIB en el Estado español se ha reducido al 7,8% y en Hego Euskal Herria ha creció un 0,8%, hasta el 8,4%. Por lo tanto, es evidente el engaño al que nos quieren someter.

Este hecho sitúa a los pensionistas en una situación delicada, porque siete de cada diez pensionistas cuentan con unos ingresos semejantes al salario mínimo interprofesional (SMI), pero un 90% no sobrepasa el umbral de la pobreza en Hego Euskal Herria, como afirma LAB.

Esto quiere decir que el futuro será peor, de ahí que las centrales sindicales vascas reclamen la una Seguridad Social vasca, «que es factible y necesaria», como dice Mikel Gómez Uranga, doctor en Ciencias Económicas. También Ignacio Zubiri propone echar mano de los impuestos para garantizar las pensiones públicas dignas.