Si algo está demostrando la crisis en términos políticos es la importancia de los estados como estructura básica, tanto para buscar alternativas económicas como para atender problemas sociales acuciantes. Por eso, en principio, las naciones sin estado parten en desventaja al no poder tomar medidas estructurales que marquen una dirección propia y acorde con los planteamientos de una mayoría social. No obstante, la situación ofrece entre otras cosas un argumento de peso a quienes defienden la independencia: la estructura estatal va a perdurar como tal y va a tener aún mayor peso, no sólo porque responde a los deseos, sentimientos y proyectos de futuro de amplias capas de la sociedad, sino porque en adelante va a seguir siendo un instrumento válido política, social y económicamente.

Está claro que la estructura socioeconómica de las naciones está muy condicionada por el marco estatal. Las diferencias existentes entre Ipar y Hego Euskal Herria tienen que ver en parte con esa realidad. De igual modo, las similitudes tienen que ver con ser parte de una misma nación, lo que implica conformar un marco económico común. En todo caso, cuando se habla de estructura socioeconómica no hay que mirar sólo las estadísticas de paro, productividad, apertura de los mercados, reparto de la economía por sectores o indicadores similares, sino también a las fuerzas sociales que inciden en la economía; a su peso, poder y configuración. En ese sentido los sindicatos son un indicador importante de la estructura socioeconómica de un determinado país.

Ayer se volvieron a visualizar claramente las diferencias entre Euskal Herria y el Estado español, también en este terreno. Mientras la mayoría sindical vasca anunciaba más movilizaciones en la línea de la huelga general y daba un nuevo impulso al decálogo contra la crisis, apoyado ya por más de 130.000 firmas, los responsables de UGT y CCOO visitaban al rey español para informarle de los detalles del acuerdo que acaban de firmar con la patronal. Estructuras distintas, direcciones opuestas.