El ministro de Inmigración e Identidad Nacional trataba el pasado lunes en Matignon de salvar los muebles al presentar como «un control de etapa» lo que para todos los editorialistas franceses es un «abandono de carrera». 350 reuniones públicas y 58.000 aportaciones vía internet. Ese el balance de resultados de un gran debate al que el Gobierno francés ha puesto sello a un mes vista de unos comicios regionales decisivos.

Todos los miembros del gabinete estaban convocados a la reunión. Malos augurios. La cita se iniciaba con ausencias. Ocho miembros del gabinete aducían problemas de agenda para no participar en el cónclave identitario. Los focos de los medios se detienen sobre uno de los ausentes, Martin Hirsch, alto comisionado para Juventud y la Solidaridad Activa. El ministro estaba demasiado ocupado para acudir a un debate con el que se ha mostrado hostil. El problema para Besson es que la posición de Hirsch no es una excepción, sino el exponente de un amplio sentimiento de malestar en el seno de la mayoría presidencial.

Los sordos y los sabios

El historiador Olivier Le Cour Frandmaison constata que «la montaña ha parido un ratón». A su juicio, el primer ministro, François Fillón, ha puesto sobre la mesa una batería de medidas «que no van a cambiar gran cosa». El diagnóstico es compartido por un exultante ex primer secretario del PS, François Hollande, quien estima que Matignon ha procedido a «un entierro sin pompa», a fin de desembarazarse de un debate que se ha convertido en todo un lastre.

El ex ministro de Cultura Jack Lang recuerda que buena parte de las medidas que Fillón presenta ahora ya llevan tiempo en vigor. Sin ir más lejos, la enseñanza de la letra y la historia de La Marsellesa es obligatoria en los grados de maternal y primaria desde 2005 en las escuelas francesas.

Eric Besson aspiraba a que los escolares franceses pusieran a prueba sus conocimiento cantando al menos una vez al año de forma solemne el himno nacional en las aulas. La propuesta, que ha recibido múltiples quejas dentro y fuera de la comunidad educativa, ha quedado, como el gripado motor del debate, aparcada en un rincón.

El Gobierno ha pasado de defender en solitario un debate de sordos a confiar a una comisión de sabios el desarrollo de unas medidas con las que justificar el gasto que ha implicado la cabezonería presidencial.

Los editorialistas franceses no ahorran calificativos a la hora de despedazar el recorrido de un proceso de debate trucado desde sus orígenes. Primer reproche: la decisión de confiar al Ministerio de Inmigración el impulso de la iniciativa dejaba entrever que el objetivo del debate no era otro que remarcar la linea divisoria entre «ellos», los recién llegados, y «nosotros», los franceses de pleno derecho.

A ese pecado original se ha venido a añadir otro tanto o más grave. Las prefecturas y subprefecturas se han convertido en los estamentos encargados de dinamizar el debate. Esto es, más de 300 altos funcionarios se han dedicado a organizar encuentros públicos. El escenario no ha seducido a la ciudadanía. Un ejemplo, el prefecto Philippe Rey envió 1.000 invitaciones a las fuerzas vivas del departamento que engloba a Euskal Herria y Béarn. Sólo unas 200 personas acudieron a su encuentro en Baiona.

Esa falta de eco social ha hecho más impopular la iniciativa. El mismo Gobierno que anuncia un proyecto para reducir la plantilla de funcionarios no ha dudado en emplear el tiempo de los trabajadores públicos para dar proyección a una iniciativa que responde a meros intereses políticos.

«El Gobierno ha confundido democracia y administración», aseguran los impulsores de una iniciativa ciudadana surgida no ya para denunciar exclusivamente el carácter sesgado y por momentos xenófobo del debate, sino orientada a reclamar la supresión misma del Ministerio de la Identidad Nacional. Han recabado ya más de 40.000 firmas en favor de una propuesta que, según un sondeo publicado a finales de enero, es compartida por el 30% del electorado.

En un momento en que los sondeos sitúan a la izquierda por delante en los comicios del 14-21 de marzo, el primer ministro Fillón ha optado por mandar a parar. Ha evitado una clausura en toda regla -lo que le habría situado en la tesitura de aportar las cuentas, también las económicas, de esta aventura fallida- y ha optado por la fórmula de confiar la continuidad del debate a una comisión de sabios, integrada por parlamentarios que ahora sí escucharán las opiniones de un grupo de intelectuales.

La iniciativa plantea las primeras dudas. A impulso del Gobierno trabaja ya un Alto Consejo para la Integración (HCI) y la comisión que ahora se anuncia deberá evitar la duplicación de funciones. El HCI se pronuncia sobre las iniciativas concretas que impulsa el Ejecutivo para «mejorar la integración». Algunas de las medidas esbozadas anteayer por Matignon se dirigen igualmente a imponer determinados preceptos a las personas extranjeras que aspiran a vivir de forma continuada en el Estado francés.

A la espera de ver cómo se canalizan los trabajos de la comisión, los analistas coinciden en «dar por muerto» el debate oficial sobre la identidad nacional francesa.

De hecho, el seminario intergubernamental no entraba en el guión presentado en otoño pasado. Ahora tocaba un seminario presidido por Nicolas Sarkozy.

No es la primera vez que Fillón se ve obligado a sustituir al patrón cuando el barco hace aguas. El presidente envió meses atrás a su primer ministro a la reunión anual de los alcaldes franceses, donde se hizo merecedor de una sonora pitada en razón del proyecto de reforma territorial que amenaza con restar capacidad financiera a las colectividades locales.

Besson se consuela afirmando que la cuestión de la identidad estará presente en todo el mandato sarkozysta. Sin embargo, Fillón aclara que Sarkozy no se pronunciará sobre la materia hasta pasadas las regionales. UMP y PS se codean en los sondeos, lo que hace desaconsejable caer en las estridencias.

El tiempo dirá si el debate ha dejado heridas mayores a las ya latentes en la sociedad francesa. Lo que es evidente es que no se ha hecho nada para evitarlas. Basta releer el artículo que firmó Sarkozy el pasado 9 de diciembre en «Le Monde». En él remachó la línea entre «quienes llegan» y «quienes acogen». A los primeros asignó sin remilgos el credo islámico y aconsejó «no mostrar sus símbolos en exceso». Y en ataque flagrante a la laicidad recordó a los franceses de primera que «la civilización cristiana ha dejado una huella profunda en Francia junto a los valores de la República que son parte integrante de nuestra identidad».