La nueva división administrativa que el Govern catalán quiere implementar se basa en siete veguerías. La propuesta quiere romper el modelo provincial y establecer una nueva ordenación que se ajuste a las necesidades del país. Veguería es un nombre que remite a la división territorial de Catalunya del siglo XII al XVIII, aunque los límites entre las demarcaciones que se proponen no son los mismos que los medievales, sino que se asemejan más a las veguerías que estableció la Generalitat republicana en 1936.

Pero que se haya empezado el proceso no significa que se cierre en los próximos meses. Todo el mundo coincide en que no se va a implementar la nueva ordenación territorial hasta la próxima legislatura, pues hasta las elecciones autonómicas de otoño no habrá tiempo para toda la tramitación. Además, no va a ser suficiente que lo apruebe el Parlament de Catalunya, sino que la implantación de esta nueva estructuración territorial requiere de la aprobación de una modificación legislativa en el Congreso español de los Diputados, ya que se alteran los límites de las provincias. Y el proceso de reforma estatutario ya ha dado suficientes muestras de la dificultad (cuando no de la imposibilidad) para que en Madrid se respete un texto salido de la Cámara catalana.

Frente al anuncio del Govern de impulsar el proyecto de ley, la CUP (izquierda independentista) lamentaba que esta iniciativa muestre «la falta de voluntad de los partidos del Parlament de superar el actual marco provincial y autonómico, y de renunciar a las parcelas de poder que este modelo les permite». Así, destaca que pese a que la Generalitat va a delegar competencias en estas nuevas divisiones territoriales, las provincias se van a mantener como división territorial del Estado y como circunscripción electoral (mientras no exista la ley catalana propia). Así que, de hecho, no se va a poner fin a una división administrativa impuesta por primera vez en 1833 y remachada por Franco.

Pero no sólo la CUP se ha mostrado reticente al proyecto de ley. Cuatro comarcas trabajan desde 2005 para lograr constituirse en la octava veguería, pero el proyecto presentado sólo contempla que haya siete. En estas cuatro comarcas (Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf y Anoia) viven 447.000 habitantes, que reivindican una identidad propia que les debería permitir gobernarse sin el lastre de estar al servicio de la metrópoli barcelonesa. 63 de los 73 municipios de estas comarcas han aprobado mociones a favor.

El portavoz de la plataforma que reivindica esta octava veguería, Fèlix Simón, ha explicado a GARA que «el Govern siempre ha sabido que el territorio lo quería, pero han hecho caso omiso». Preguntado por el motivo de que no se haya respetado la voluntad de este territorio, asegura que «el PSC no quiere esta octava demarcación porque perdería peso electoral y poder político, ya que debilitaría la veguería metropolitana de Barcelona, que es uno de sus principales feudos».

El consejero responsable de este nuevo proyecto de ley, Jordi Ausàs, forma parte de ERC. En el Penedès, este partido ha defendido la octava veguería. Fèlix Simón considera que esta contradicción se explica porque «ERC está atrapada en el Gobierno y no tiene capacidad ni fuerza en la negociación con el PSC».

Con muchos meses por delante en el proceso de tramitación de la nueva ley, el portavoz de la plataforma considera que ha llegado el momento de saltar de la vía institucional a la calle para que se respete la voluntad de estas comarcas.

En el País Valencià, el debate sobre la posibilidad de una división territorial distinta a la definida por Madrid está mucho más verde. Si en Catalunya las comarcas gozan de ciertas competencias, a pesar de que el Estatut valenciano las contempla, la falta de voluntad política del PSPV-PSOE impide que se hayan articulado como parte de la Administración. Así pues, la posibilidad de avanzar hacia las governacions que agruparon las comarcas valencianas entre los siglos XIV y XVIII y que serían equiparables a las veguerías está en un horizonte aún más lejano.

El único territorio catalán donde no existen pugnas territoriales son las Illes Balears, ya que cada isla tiene su propio consell, al margen del Gobierno autonómico.