José Antonio Rekondo, el que fuera alcalde de Hernani valiéndose de la Ley de Partidos y ahora juntero de Hamaikabat en las Juntas Generales de Gipuzkoa, prestará declaración hoy en los Juzgados de Donostia en calidad de imputado por un supuesto delito de «descubrimiento y revelación de secretos». Se le imputa el indebido uso público de las listas de adjudicatarios de unas vivienda a construir en Txantxilla (Hernani).

La denuncia fue interpuesta por la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, tras apreciar que las listas confidenciales que estaban a la espera de ser aprobadas por los órganos municipales habían salido a la luz pública.

Discusión en el foro

Los hechos se remontan a febrero del pasado año, cuando bajo el título «Sobre los pisos públicos de Txantxilla» comienza una charla en el foro municipal de la página del Ayuntamiento, -www.hernani.net-. De ella se deduce que las personas que escriben bajo el seudónimo «chester» y «Etxegabe» han accedido a la lista suministrada semanas antes por la promotora al Ayuntamiento para su posterior aprobación.

Asimismo, una de estas personas ofrece la opción de recibir una copia del listado facilitando para ello un correo electrónico con el que ponerse en contacto. Desde el Ayuntamiento se comprueba este extremo, enviando una solicitud desde un correo electrónico ajeno al Consistorio, y efectivamente se recibe el citado listado.

Ante tal circunstancia, el Consistorio ordena a los trabajadores municipales que hubieran podido tener acceso a la lista la elaboración de un informe sobre el uso que dieron a la misma, y de ahí se concluye la entrega realizada por parte de una trabajadora municipal al concejal de Hamaikabat Iñaki Arratibel, a requerimiento de éste.

Tras la investigación interna, la alcaldesa de Hernani procede a poner estos hechos en manos de los tribunales, al entender que pueden constituir un delito de «descubrimiento y revelación de secretos». Es un delito previsto y penado en el artículo 197 del Código Penal.

Es en marzo del pasado año cuando Beitialarrangoitia interpone la denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Donostia y requiere así la identificación de los dos usuarios que participaron en las conversaciones del chat y que afirmaban saber el contenido de la lista, así como el titular del correo electrónico que difundía el documento confidencial.

El Juzgado de Instrucción número 4, con la magistrada María José Aguirre al frente, admite a trámite la denuncia de la alcaldesa hernaniarra y procede a ordenar la identificación de las titularidades antes citadas.

La investigación llevada a cabo determina que el ex alcalde de Hernani José Antonio Rekondo es una de las personas que estaba haciendo una utilización indebida de la lista de adjudicatarios de las viviendas concertadas en Txantxilla -utilizando para ello su computador habitual en las JJGG de Gipuzkoa-, por lo que el tribunal acuerda citarlo a declarar como imputado por delito de «descubrimiento y revelación de secretos».

Tras varios aplazamientos, será finalmente hoy, a partir de las 13.30, cuando José Antonio Rekondo preste declaración ante la magistrada del citado tribunal.

Potestad

La promotora UTE Txantxilla tiene la potestad de adjudicar las 36 viviendas de precio concertado que se construirán en Txantxilla, junto a 56 VPO y 86 de venta libre. Esta facultad le es entregada a la promotora mediante el convenio suscrito por el Ayuntamiento y la misma en 2004, cuando el Consistorio era gobernado por el ahora imputado José Antonio Rekondo. De este modo, los requisitos necesarios para adquirir estas vivien- das se limitan a estar empadronado en Hernani y carecer de un piso en propiedad.

Pese a que bajo el mandato de Marian Beitialarrangoitia el convenio fue modificado en enero de 2008, la promotora no accedió a renunciar a la potestad para adjudicar las viviendas concertadas. Concretamente, el Ayuntamiento logró que se aumentara el número de VPO, se redujera la cantidad de viviendas de precio concertado y se eliminaran los pisos tasados.

Después de que la promotora realizara la lista de adjudicatarios y la pusiera en manos del Consistorio, la Comisión de Urbanismo adoptó la decisión de analizar también la situación económica de los adjudicatarios, para que éstos no superen los 44.500 euros de ingresos anuales. La promotora aceptó pese a que el convenio suscrito en su día con Rekondo no recogía criterio económico alguno.