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CRÓNICA I SALUD LABORAL

Tribunal Penal Internacional para juzgar a quienes extendieron el amianto

Un amplio informe elaborado por el experto ángel Cárcoba reclama una actuación internacional contra los gobiernos y la industria productora y utilizadora de amianto. Pide medidas urgentes y denuncia que quienes dirigen el Gobierno español no hacen nada, cuando en la oposición pidieron actuaciones.

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Juanjo BASTERRA I

Ángel Cárcoba, ex miembro del área de Salud Laboral de CCOO y actividad de la salud laboral, presidió el grupo de trabajo de la Comisión Europea sobre amianto. Colaboró con la OIT y es autor de un libro sobre el amianto en el Estado español, guías, estudios y trabajos sobre el mineral cancerígeno.

En la actualidad en Turín está abierto un macroproceso contra la multinacional Eternit. En base a ello, Cárcoba considera que es necesario llevar este tema a un primer plano. Pide, junto a otras organizaciones europeas e internacionales, que se constituya un Tribunal Penal Internacional del Trabajo, un Tribunal de los Pueblos, «donde comparezca y se diriman las responsabilidades de quienes convierten el trabajo en lugares de violencia, enfermedad y muerte».

A su juicio, se trataría de una iniciativa política basada en un movimiento social que impliqué no sólo a las víctimas del amianto, sino a toda la población. «La salud de los trabajadores -indica Cárcoba- no es un espacio reservado a especialistas o expertos. Están en juego derechos fundamentales que requieren la participación de hombres y mujeres, de trabajadores en activo y de jubilados, de médicos, de científicos, de intelectuales, de juristas, de cineastas y documentalistas y de personalidades políticas».

A su entender «todos los saberes, todas las experiencias son necesarias para imponer el predominio del derecho y de los derechos contra la dominación económica». Es necesario, a su juicio, crear «una red de activista a favor de las víctimas del trabajo».

Apoyo social y económico

Mientras se constituye o se ve la necesidad de emprender una actuación en ese camino, el experto en amianto precisa que debieran ponerse en marcha medidas como un programa de vigilancia de la salud; un sistema automático de reconocimiento de las enfermedades profesionales; un programa de apoyo social y económico a las víctimas del trabajo; control del amianto instalado; control de la transferencia del mineral cancerígeno a terceros países y determinación de las responsabilidades jurídicas y políticas de los responsables de esta epidemia».

En su informe, Angel Cárcoba hace un repaso de la evolución del amianto desde que se detectaron sus efectos malignos para la salud, allí por comienzos del siglo XX. Recuerda que la Comisión Europea encargó en 1999 un estudio a un grupo de científicos que concluyó que entre el año 2000 y 2040 se producirán en Europa medio millón de muertes por diversos tumores relacionados con el amianto. La OMS y la OIT reconocen en informes posteriores, por otro lado, que 100.000 personas mueren al año en el mundo por exposición al amianto. Diferentes estudios epidemiológicos estiman que en el estado español morirán unos 50.0900 trabajadores próximos 30 años. En Euskal Herria serán entre 8.00 y 10.000 trabajadores.

Ante este grave problema con el amianto, el experto Angel Cárcoba afirma que «yo acuso a los productores del mineral, a los gobiernos de Canadá, Rusia, Suráfrica, Brasil y otros proveedores de amianto y a la Banca March y Uralita de inciar la epidemia de cáncer de amianto por el Estado español, a los empresarios del fibrocemento, industria naval, textil, siderurgia, y muchas más».

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