Siete alcaldes de municipios cercanos a aeropuertos habían sido citados ayer ante la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para transmitir la opinión que les merece la tramitación del proyecto de reforma de la Ley de Navegación Aérea española. Mientras los regidores de Coslada, Gavá, Torrejón de Ardoz, Algete, Castelldefels y San Fernando de Henares arremetían contra la pretensión gubernamental de adaptar la legislación para que Aena no asuma indemnizaciones económicas ni resarcimientos de otro tipo por el impacto que generan los aeródromos, el de Sondika centró su alocución en quejarse de que Fomento y Aena retrasan los planes de desarrollo urbanístico en Txorierri.

Carro -en nombre de los consistorios de Derio, Erandio, Loiu, Sondika y Zamudio- fue el menos incisivo de los intervinientes, limitándose a repetir una serie de preguntas aún no contestadas respecto al Plan Director y los derivados del estudio de impacto ambiental. Su reclamación más directa fue solicitar al Gobierno español que articule una comisión permanente de seguimiento de la actividad y desarrollo de la infraestructura con la participación de los ayuntamientos de Txorierri.

De boca del representante del PNV no se oyeron reproches acerca de que la reforma legislativa es la respuesta del Ejecutivo a la sentencia judicial que obliga a Aena y Fomento a atender las reclamaciones de los vecinos de una urbanización en la localidad madrileña de Algete afectados por el ruido de las pistas de Barajas, una vez ampliado.

Los cambios, según sus detractores, obligarán a las localidades cercanas a un aeropuerto a convivir con el ruido y no ser indemnizados, primando los intereses económicos sobre la calidad de vida de los vecinos.

Desde el colectivo ecologista Lur Maitea criticaron a PNV y PSE porque no han atendido aún los sucesivos requerimientos planteados desde «antes de Navidad» para que esas fuerzas políticas emplacen a Aena a cumplir la legislación vigente en materia medioambiental.

Además, hoy al mediodía, en el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbo, la portavoz del organismo, Consuelo Elosua, y el secretario, Alejandro Sanz, harán entrega del aval bancario que, como fianza, les han exigido en la causa que se sigue contra ellos por un supuesto delito de «calumnias», las que les acusa al alcalde de Derio, el jeltzale Lander Ayarza.

El primer edil derioarra solicita que se condene a los dos ecologistas a pagarle 40.000 euros y 24 meses de cárcel por manifestar en un comunicado de prensa, en noviembre de 2006, que «los ayuntamientos del Txorierri están dejando construir cada vez más cerca del aeropuerto, a sabiendas de su injusticia (prevaricación)». Al informar de su presentación ante el juzgado, Lur Maitea subrayó que lo manifestado en 2006 es «algo que es obvio y evidente para cualquiera que se quiera dar una vuelta por el Txorierri».