En una decisión con pocos precedentes, el juez de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno ha remitido al Juzgado Decano de Instrucción de Madrid los testimonios de tortura que los últimos detenidos le relataron a su paso por el tribunal especial para que se investigue si los hechos manifestados «son consecutivos de un delito de tortura y malos tratos». Así lo confirmaron ayer los letrados de los arrestados, Arantxa Aparicio y Haritz Escudero, que precisaron que el magistrado se vio obligado a tomar cartas en el asunto ante la evidencia de los relatos.

Concretamente, son los testimonios de Ibai Beobide, Euri Albizu, Jon Rosales y Adur Aristegi los que han sido deducidos por el titular del Juzgado Número 2 de la Audiencia Nacional española. Mediante este procedimiento, además de los testimonios que estos cuatro ciudada- nos vascos hicieron ante Moreno se derivarán los partes suscritos por el médico forense y que dan cuenta de las denuncias de tortura y malos tratos que los jóvenes realizaban a diario.

Pese a que no es un procedimiento insólito (en el caso de Igor Portu y Mattin Sarasola o en el Unai Romano también se dedujo testimonio al Juzgado), no es norma habitual que un magistrado del tribunal español actúe de oficio ante testimonios de tortura.

Asimismo, la letrada precisó a GARA que están trabajando ya para interponer denuncias por malos tratos en el caso de los siete detenidos por la Guardia Civil.

Se contradice la versión oficial

Paradójicamente, Ismael Moreno no solicita la investigación de las denuncias realizadas por José Camacho, hernaniarra detenido en este operativo y que ha permanecido siete días ingresado en la Unidad de Medicina Interna del Hospital Clínico San Carlos.

La versión oficial difundida por las FSE al respecto achacaba la hospitalización a una enfermedad anterior a su detención. Pero, como ya habían explicado sus allegados, el parte médico del centro madrileño al que ha tenido acceso GARA contradice esta tesis.

Los datos exploratorios que se le realizan Camacho a su entrada al hospital dan como resultado una inflamación muscular del muslo derecho y rabdomiolisis, enfermedad que se desarrolla cuando el músculo sufre daño y un pigmento proteínico se libera en el torrente sanguíneo y es filtrado fuera del cuerpo por los riñones.

Tras ser tratado por un especialista en Traumatología, deducen que Camacho sufre una intensa contractura de vasto interno del muslo derecho. Se trata de una dolencia que no proviene de ninguna de las enfermedades sufridas con anterioridad por este hernaniarra, tal y como se puede comprobar en el apartado que relata su historial médico.

José Camacho recibió el alta médica este miércoles, una semana después de su ingreso, y se encuentra desde entonces en la prisión madrileña de Soto del Real, como aclaró su letrada a GARA.

Este vecino de Hernani fue arrestado junto a su compañera, Josune Balda, por agentes de la Guardia Civil el pasado lunes 15 de febrero. Tan sólo dos días después ingresaba en el centro hospitalario con el parte médico antes indicado. Su situación de incomunicación no varió ante este ingreso, por lo que sus allegados no tuvieron conocimiento de su hospitalización hasta el viernes, cuando se conoció que el juez de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno había ido hasta el centro hospitalario para tomarle declaración.

Denuncias repetidas

Como ha ocurrido con el resto de detenidos, Camacho tampoco pudo ser asistido por su abogada de confianza, ya que la toma de declaración la realizó aún en régimen de incomunicación. Sin embargo, nada más entablar relación con su letrada, le dio cuenta de que los golpes y las amenazas fueron una constante en el tiempo que estuvo custodiado por la Guardia Civil. Señaló que fueron incesantes las veces que había padecido la prác- tica de asfixia conocida como «la bolsa» y que para ello, primero le colocaban una capucha gruesa y una bolsa por encima. Según difundió el movimiento pro-amnistía, mientras le ha- cían «la bolsa», los guardias civiles le obligaban además, a realizar ejercicios físicos hasta la extenuación. Cuando él ya no era capaz de hacerlo, eran los propios militares quienes le realizaban ese movimiento, contra su voluntad.

Aparicio y Escudero aclararon ante la prensa que los tormentos mencionados por Camacho se repitieron con los demás arrestados por la Guardia Civil.

Pese a congratularse por la decisión del juez Moreno, denunciaron la actuación mantenida durante el periodo de incomunicación «al permitirla e incluso prorrogarla hasta el máximo posible». Y es que, según aclaró Aparicio, el magistrado instructor de la redada tenía conocimiento periódico de la situación de los detenidos, ya que el médico forense elaboró y remitió todos los días un parte médico en el que se recogían las denuncias de torturas que hacían los detenidos.

Ni contestar a los abogados

Los abogados, arropados por familiares y amigos de los arrestados, denunciaron asimismo que mientras sus defendidos han permanecido incomunicados, su trabajo ha estado «totalmente limitado» por el tribunal especial.

Como botón de muestra, recordaron que desde el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, además de no aplicar las medidas previstas para evitar torturas que fueron solicitadas por los abogados, «ni siquiera contestaron a esta petición».