El Estado español no dejará de aplicar el régimen de incomunicación a los detenidos ni la dispersión a los presos políticos vascos, a pesar de las recomendaciones realizadas por la ONU en materia de derechos humanos. La delegación española respondió ayer al informe presentado por el Relator Especial para la cuestión de la tortura, Manfred Nowak, y aseguró que estas medidas cumplen las «garantías legales».

Al igual que el anterior Relator, el holandés Theo Van Boven, Nowak insistió en las recomendaciones emitidas para evitar que se produzcan casos de torturas y malos tratos, y en pedir que la incomunicación a los detenidos sea derogada.

En el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se analiza si los diferentes estados que fueron objeto de recomendaciones han cumplido las reclamaciones y si han tomado medidas para su implementación.

En el caso del Estado español las recomendaciones fueron claras y Nowak subraya que la incomunicación «vulnera las salvaguardas propias de un Estado de Derecho contra los malos tratos y actos de tortura».

Según destaca en el informe, las denuncias de torturas no sólo se producían durante los interrogatorios, sino también durante los traslados a Madrid. Por ello, reitera su «preocupación por la limitación de ciertas garantías durante este periodo».

Asimismo, el Relator Especial de la ONU para la cuestión de la tortura hacía mención a la política de dispersión que se aplica a los presos políticos vascos. En su opinión, «presenta un riesgo y una carga económica para la familia y en algunos casos presenta un obstáculo para la preparación de la defensa».

Nowak afirma también que «toma nota con satisfacción del proyecto de Ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura que se encuentra en estudio en el Congreso», cuyas funciones serán desempeñadas por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog. Pero al mismo tiempo sugiere que «una comisión verdaderamente independiente y eficaz sería un paso adelante decisivo en la lucha contra la tortura y los malos tratos».

Respuesta en dos frases

Behatokia informó en una nota de prensa que la respuesta de la delegación española, por medio de Borja Montesino, se limitó a dos frases. El representante de Madrid afirmó que la incomunicación tiene «las máximas garantías legales y jurídicas» y que «sólo se usa en casos específicos como los de terrorismo y crimen organizado», y que, por lo tanto, van a segur aplicando ese régimen.

Sobre la política de dispersión alegó que no vulnera ningún derecho del prisionero. Behatokia denunció que la respuesta demuestra que no existe «voluntad» por parte del Gobierno español de seguir las recomendaciones de la ONU para la erradicación de la tortura.

El año pasado, el Relator especial de la ONU para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo, Martin Scheinin, presentó también un informe en el que mostraba su preocupación por la incomunicación, la extensiva definición del término «terrorismo» y la Ley española de Partidos.