Los efectos de la crisis se dejarán notar mucho tiempo después de que oficialmente se haya dado por concluida. Ésta es una de las conclusiones del informe anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a la treintena de países más ricos del mundo.

La crisis no sólo ha causado una recesión sin precedentes de la que algunos países todavía no han salido, sino que la OCDE calcula que amputará 3,1 puntos de Producto Interior Bruto a largo plazo a sus países miembros. Estas consecuencias a largo plazo suponen que los ajustes que ha provocado la crisis y que han reducido la capacidad de gasto de los estados y de los ciudadanos no sean sólo medidas pasajeras durante un par de años de recesión, sino que tendrán que convivir con ellas de forma habitual, según la previsión de este organismo.

La reducción de la riqueza será especialmente grave en los casos de Irlanda, donde el PIB bajará hasta 11,8 puntos, y del Estado español, con 10,6 puntos menos.

Los autores del estudio auguran que en los 30 estados de la organización, que habían crecido a un ritmo medio de entre el 2% y el 2,25% anual en los siete años que precedieron a la crisis, la progresión va a quedar limitada a una cifra en torno al 1,75% a largo plazo, después de la recesión del 4% en 2009.

Subrayaron, en cualquier caso, que la disminución del potencial de crecimiento va a estar repartido de forma muy desigual entre sus miembros, y que en los casos de Irlanda y el Estado español, la caída de la capacidad de crecimiento económico se deberá esencialmente al efecto de la pérdida de empleos, que recortará el PIB en 9,8 puntos en Irlanda y en 8,4 puntos en el Estado español, cuando la media ponderada en la OCDE será de 1,1 puntos. El club de los países ricos señala que los efectos de la crisis sobre el empleo en Irlanda y el Estado español incluyen «una sustancial reducción de la fuerza de trabajo resultante principalmente» por un cambio de tendencia en la llegada de inmigrantes.

El otro responsable de la baja del potencial de crecimiento será el aumento de los costes de capital, derivados de la crisis de confianza causada por el estallido de la burbuja del crédito que ha incrementado la percepción del riesgo.

En ese caso, la reducción de expectativas para el Estado español (2,1 puntos menos de PIB a largo plazo) e Irlanda (2 puntos menos) se sitúa en la media de la OCDE (-2 puntos).

Al margen de estos dos países, el impacto a largo plazo de la crisis también será superior a la media en países como Polonia (-4,5 puntos de PIB), Italia (-4,1 puntos), Alemania (-3,9), Holanda (-3,7), Bélgica (-3,7) y Grecia (-3,6). Los países relativamente menos afectados serán Japón (-2,1 puntos de PIB a largo plazo), EEUU (-2,4 puntos), Canadá (-2,4) y Nueva Zelanda (-2,4).

Recomendaciones

La OCDE elogia en su informe que los países miembros hayan conseguido evitar lo que considera «errores cometidos en crisis precedentes», como el recurso a medidas proteccionistas u otras que también considera dañinas para el mercado de trabajo como las prejubilaciones.

Pero eso no evita que «la recesión haya dejado profundas heridas que serán visibles en los próximos años», en palabras de su economista jefe, Carlo Padoan. «La crisis ha rebajado el nivel de vida y el empleo de forma duradera y, al mismo tiempo, ha puesto en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas en muchos países de la OCDE», constata Padoan, que apuntó algunas de las líneas en las que el organismo recomienda actuar para atenuar la situación.

A su juicio, el reto de hacer frente a los números rojos de las cuentas públicas requerirá una mayor eficiencia en el gasto, pero no recurrir al aumento de impuestos para mejorar los ingresos. Así, para la OCDE, estos ajustes deberán darse en especial en el campo de la educación y la sanidad, e impedir «amplios incrementos en la fiscalidad sobre el trabajo y el capital». La organización, que hace una evaluación en cada país sobre el grado de cumplimiento de las recetas que les había dado para aplicar reformas, considera que en el contexto actual una «parte de la cura» debe ser una reforma estructural en el sector financiero, del mercado de productos y del mercado laboral.

Padoan señaló que esa premura es particularmente acuciante para los estados a los que los mercados han puesto bajo presión por considerar que su situación de endeudamiento no es sostenible.

Aunque no quiso dar nombres, Padoan señaló que «no es difícil identificar qué países» son los que carecen de margen fiscal para seguir con las medidas de apoyo a la actividad y deben aplicar «inmediatamente» ajustes fiscales y reformas estructurales para restablecer su situación financiera.

Sobre la zona euro dijo que basta con observar quiénes son no sólo los que presentan un mayor déficit público, sino también aquéllos con elevados números rojos en la balanza por cuenta corriente.

Preguntado por el caso del Estado español, Padoan contestó que «el mercado laboral necesita claramente ser reformado» y orientó sus recetas en la misma dirección que la patronal: reducir la protección de los contratos fijos; es decir, abaratar el despido, con la confianza en que así se reduzcan los contratos temporales. También se refirió a la necesidad de cambios en el sector de la vivienda y en el financiero, para que sean «más equilibrados en el futuro».

Subrayó que, pese a las recomendaciones de la OCDE, el Estado español no ha desvinculado el cálculo de los salarios de la inflación pasada ni ha permitido aún a las empresas negociar por su cuenta la evolución salarial al margen de los convenios colectivos. La organización recordó que tampoco se han aplicado sus recetas en las pensiones, entre otras razones porque en la reforma de 2007 el periodo de cotización necesario para tener derecho a cobrar aumentó «modestamente».