Las empresas del Estado español suspenden en la gestión preventiva del acoso laboral -el estrés o la depresión, entre otros trastornos sicosociales-, según se desprende del avance de resultados de la encuesta que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo ha realizado en 31 países, según dijo su director Jukka Takala en el encuentro que UGT-Euskadi organizó para informar a sus delegados de las pautas que deben seguir para evitar «los conflictos de violencia laboral». En el Estado español, más del 80% de las empresas no evalúa el riesgo sicosocial, explicó Takala, y UGT constata que, según datos de 2007 en una de cada diez empresas«se sufre riesgos sicosociales y se vive situaciones de violencia laboral».

Cándido Méndez, secretario general del citado sindicato, y Dámaso Casado, secretario general de UGT-Euskadi, valoraron que el acoso laboral es un problema «muy grave» entre la población trabajadora, que se ha recrudecido con la crisis. Ambos atribuyeron esta disfunción a «la naturaleza precaria» del mercado de trabajo.

Grandes y pequeñas

Takala anunció que en junio saldrá a la luz el resultado completo de la encuesta realizada en 31 países, con 36.000 opiniones contrastadas, pero avanzó que la media europea indica que en el 30% de los lugares de trabajo «tienen procedimientos para gestionar el acoso laboral desde un punto de vista preventivo». Sin embargo, la horquilla que presentó deja en mal lugar a los empresarios del Estado español, porque «no llegan ni al 20% los lugares con procedimientos preventivos». Es decir, más del 80% no lo hace, pese a estar contemplado en la ley.

En el otro lado de la balanza destacan Irlanda, Gran Bretaña y Suecia, que cuentan con procedimientos frente al acoso moral en el trabajo en un 70% de los centros de trabajo y en Finlandia llega al 60%.

Takala añadió al respecto que cuando se les preguntó a los empresarios y los representante sindicales por estos procedimientos, la gran mayoría respondió que lo hacía por cumplir la ley y, en segundo lugar, «porque lo piden los representantes de los trabajadores». Para el responsable de la Agencia Europea, que tiene su sede en Bilbo, la defensa de la «dignidad de la persona» está por encima de las empresas y añadió que «no es excusa ser una organización pequeña. Hace falta voluntad de prevenir por parte de la dirección y, a la vez, dialogar para evitar estos riesgos costosísimos en la salud de las personas». Por otro lado, consideró que se debe hablar cada vez más de la enfermedad profesional, porque «por cada muerte en el trabajo hay casi otras veinte muertes por enfermedades profesionales derivadas del mismo». Recordó que en el Estado español se producen 680.000 bajas laborales por accidentes de trabajo, «pero los datos nos indican que son 1,1 millones de bajas por enfermedad profesional», que se ocultan. La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, del Gobierno de Lakua, Gemma Zabaleta, recordó que en la CAV son «más de 30.000 los trabajadores afectados por el mobbing» y afirmó que la Inspección de Trabajo realizó 400 actuaciones en 2009. «Estas prácticas tienen que tener consecuencias, no pueden salir gratis a los agresores, precisó ante los sindicalistas de UGT.