Los votos de los ocho corporativos del PNV permitieron aprobar el 15 de marzo, en pleno extraordinario, la «formulación» del PGOU de Lezama, acuerdo que la alcaldesa, Alaitz Etxeandia, justificó para tener acceso a las subvenciones forales para el desarrollo de planes urbanísticos en los municipios vizcainos. Tal argumento no convence a Lezama Bizirik, que apunta a que los jeltzales buscan resolver el conflicto que se puede generar cuando, «previsiblemente en dos o tres meses, el TSJPV confirme, por segunda vez, la nulidad de las Normas Subsidiarias (NNSS)».

La asociación vecinal estima que el inicio de la tramitación del PGOU puede ser una buena oportunidad para que el Ayuntamiento impregne a este proceso de un carácter participativo, «que busque la sostenibilidad, que evite la invasión industrial y residencial, que evite la especulación, que respete las zonas inundables». A pesar de este comentario, no son tan optimistas y entienden que, después de dos años en que el PNV ha rechazado elaborar otro documento urbanístico, aduciendo que las NNSS se ajustaban a la legalidad, se esconde «dar una salida» al proyecto de Txupetxa y otros asociados.

Al iniciar ahora el proceso del Plan, según Lezama Bizirik, éste podría estar en vigor para abril de 2011, fecha en la que, según un acuerdo suscrito en febrero de 2007 por la familia de la alcaldesa con las promotoras Residencial Etxeondoa y Promociones Durocons para la compraventa de 5.045 metros cuadrados en Txupetxa, tenían que estar concluidos los trámites urbanísticos para edificar 52 viviendas. En octubre de 2007, el Consistorio aprobó las NNSS, que permitían construir en lo que hasta entonces eran terrenos inundables de Txupetxa.

Los entresijos de la operación se han conocido al destaparse el litigio judicial que mantiene la familia Etxeandia con las promotoras por los 5,3 millones de euros que convenieron en abonar las segundas. Las empresas pagaron 2,2 millones, que quieren recuperar a raíz de la inseguridad creada por la sentencia del TSJPV de junio de 2009 que declaró nulas las Normas Subsidiarias, y se niegan a abonar los otros 3,1 comprometidos.

Tras salir a la luz los detalles de la operación de recalificación de los terrenos de Txupetxa -un área de 7.725 metros cuadrados-, la Fiscalía de la Audiencia de Bizkaia ha abierto de oficio una investigación del caso, al estimar que existen indicios de corrupción urbanística. A raíz del revuelo mediático generado por el caso, la alcaldesa se ha visto obligada a responder públicamente, reconociendo la venta del solar a las promotoras antes de que se modificase su calificación para permitir la edificabilidad de 4o viviendas libres y 12 tasadas.

Alaitz Etxeandia, al igual que su partido, consideran que la izquierda abertzale y el PSE están impulsando una campaña de linchamiento hacia su persona y el PNV.