En los años 80, la Asociación de Familiares de Asesinados de Navarra (AFAN) llevamos adelante la recuperación de la memoria de lo ocurrido en nuestra tierra tras el golpe militar de 1936. El resultado de nuestras investigaciones pueblo por pueblo dieron lugar al libro de Altaffaylla «Navarra 1936. De la Esperanza al Terror», de todos conocido. Asimismo realizamos los primeros grandes homenajes a los fusilados y las primeras denuncias, tanto a los culpables como a sus continuadores políticos durante todo el franquismo.

El descubrir y divulgar aquellas violaciones de los derechos humanos y la exigencia de responsabilidades no se puede hacer a cualquier precio. Por ello tenemos que denunciar el comunicado aparecido en la prensa firmado por la llamada Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, de reciente creación, apoyando al juez Garzón, considerando que sentarlo en el banquillo «es un ataque directo contra la memoria democrática de la sociedad».

Todos sabemos que desde 1987 el juez Garzón trabaja en una institución, la Audiencia Nacional, que es una jurisdicción de excepción, heredera directa del nefasto Tribunal de Orden Público franquista. Desde esta institución, el juez Garzón ha visto pasar por delante suya a cientos de detenidos que le han denunciado torturas horrorosas en la incomunicación sin que jamás haya abierto ninguna diligencia al respecto como sería su primera obligación. Numerosos organismos internacionales lo han denunciado repetidamente, desde los reiterativos informes anuales de Amnistía Internacional hasta el reciente y categórico informe del relator de Naciones Unidas, Theo van Boven. Como botón de muestra, basta recordar el «caso Aizpurua», salvajemente torturado, como reconoció en su informe el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa en 1994.

Además, el juez Garzón ha sido el protagonistas de numerosas violaciones de derechos democráticos, ilegalización de partidos, cierre de medios de comunicación, detención de políticos y cargos públicos y un sin fin de disparates que lo colocan mucho más cerca de los comportamientos de los matones del 36 que de los luchadores por la democracia y los derechos humanos.

La lucha que llevamos de tantos años para recuperar la memoria y la de nuestros familiares asesinados hay que llevarla desde la dignidad. Por eso no podemos permitir que un personaje siniestro como Garzón se escude en nuestros familiares asesinados para lavar su propia imagen de represor y de vulnerador recalcitrante de derechos humanos. Ni a él ni a la citada Asociación de Familiares les permitimos que hagan nada, ni en nuestro nombre, ni en el de nuestros familiares.