Los dirigentes de UPN y PSN se mostraban ayer auténticamente exultantes tras el acuerdo para la financiación del TAV entre los gobiernos de Iruñea y Madrid, largamente demorado. La consejera de Obras Públicas, Laura Alba, no tuvo reparos en declararse emocionada. El líder del PSN, Roberto Jiménez, confesó a los periodistas «un secreto: Pepe Blanco nunca me ha fallado». Y el presidente navarro, Miguel Sanz, dijo en plan jocoso que le gustaría repintar el techo del Salón del Trono -donde ahora hay un mural con el primer tren de vapor llegando a Iruñea bajo el acueducto de Noain- «con el AVE». Quiso reflejar así que «esto es un hito».

Las afirmaciones grandilocuentes se sobrepusieron a los datos. En una rueda de prensa ofrecida por la tarde, Sanz se aferró a un número, 45 millones de euros, hasta el punto de que algunos periodistas interpretaron que el TAV no le costará más que eso a la Hacienda navarra. En realidad, esos 45 millones suponen sólo el montante de los intereses del crédito que Nafarroa deberá contratar para pagar los primeros dos años de obras, de los que el Gobierno español se desentiende.

En ese plazos, las arcas navarras asumirán en realidad un total de 387,65 millones de euros (los otros 287,35 correrán a cargo de ADIF, el organismo de gestión ferroviaria estatal, y el Ministerio de Fomento se libra).

Esos 387 millones son 70 millones más que lo presupuestado este año para Asuntos Sociales, por dar un ejemplo. Y multi- plican casi en cuatro veces la cantidad que ha sido «recortada» de los presupuestos de este año, una vez aprobados, debido a la agudización de la crisis económica. La consecuencia más evidente ha sido el bloqueo momentáneo de las cuentas de Osasunbidea, donde se anuncian recortes de servicios y se barajas iniciativas de «concienciación ciudadana» como entregar a los pacientes una factura simulada con el gasto de cada atención médica recibida.

Artificio contable

El Estado se compromete sólo a ir reintegrando su parte a través de reducciones del Cupo a partir de 2013 (según Sanz, hay un calendario detallado al respecto que aún no se ha hecho público). Llama la atención que se usará además un artificio contable para que la deuda navarra compute en realidad como deuda del Estado, de modo que Nafarroa no supere los límites de endeudamiento establecidos. Pero queda claro que el dinero lo pondrán las arcas forales.

Pese a todo, Sanz se mostró muy satisfecho del acuerdo, sobre todo porque desde el Gobierno navarro se había filtrado que los intereses ascenderían a 60 millones y en realidad se verán reducidos a 45.

En paralelo, el representante de UPN pidió que no se hagan comparaciones con la negociación entre Lakua-Madrid. Y es que en ella se pactó que la CAV adelante el dinero sólo tres meses, y no dos años como en el caso navarro. Sanz alegó que «son momentos económicos y convenios diferentes».

El Gobierno navarro estima que este tramo Iruñea-Castejón costará 675 millones, y que serán más de 1.000 cuando se defina la conexión con la «Y vasca». Los colectivos opositores, por contra, calculan que la factura final en Nafarroa superará los 3.000 millones de euros y que eso supondrá más de 4.700 euros por persona.

NaBai e izquierda abertzale

A la espera de conocerse los detalles exactos del convenio, Nafarroa Bai expresó su temor sobre el coste y la izquierda aber- tzale, su rechazo frontal.

La coalición remarcó el contraste que existe entre el anuncio de un «plan de austeridad» y de un convenio de financiación para el TAV «con preocupantes condiciones económicas para Navarra». Maiorga Ramírez, portavoz de NaBai en Economía, no entró en más detalles a la espera de conocer el acuerdo, pero anticipó su incomprensión con que «se siga primando la construcción de macroinversiones, como el Pabellón Reyno Arena o el Museo de los Sanfermines o el circuito de Los Arcos, cuando la Hacienda Pública se demuestra incapaz de cumplir con unos presupuestos aprobados por UPN y PSN hace tres meses».

La izquierda abertzale lamentó que este convenio «ha sido aplaudido de forma entusiasta por UPN y PSN, pero también por buena parte del arco parlamentario, incluidos aquellos partidos que mantienen una actitud radicalmente contraria en Navarra y en la CAV». En una nota, reclamó que el dinero que se va a gastar en este megaproyecto sin precedentes se invierta en «mejorar el sistema sanitario y educativo, recuperar los servicios sociales privatizados, gravar y expropiar los pisos vacíos para ofertarlos en alquiler, ampliar la cobertura de la renta básica, destinar medios para poner en práctica la Ley contra la Violencia de Género, revitalizar económica y socialmente las comarcas más desfavorecidas, como el Pirineo, y destinar más dinero a la solidaridad con países y pueblos a los que el capitalismo está llevando a la ruina».

Además del problema del despilfarro, la izquierda abertzale incide en que «es hora de que seamos los ciudadanos los que decidamos el futuro que deseamos construir para Navarra y el conjunto de Euskal Herria. Es necesario construir un modelo social y económico al servicio de la ciudadanía. Necesitamos superar los límites de un marco político, el Amejoramiento, que conculca el derecho a decidir en temas estructurales para Navarra como es el del TAV».

LAB también tiene claro que «UPN y PSN hipotecan Navarra para contentar a las constructoras». Exige que las partidas destinadas al proyecto se inviertan en educación, sanidad y servicios sociales.