La sociedad Berroeta Aldamar, formada por la Diputación de Gipuzkoa, el Gobierno de Gasteiz y el Ayuntamiento de Getaria y encargada de construir el museo en esta localidad costera, cumplió «razonablemente» con la normativa en 2006 y 2007, pero no así en 2005, según el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP).

El TVCP informó en un comunicado de que ha realizado, a petición del pleno del Parlamento de Gasteiz, un informe de fiscalización de esta sociedad relativo a 2005, 2006 y 2007 que contempla la «revisión de la legalidad en materia de contratación de bienes y servicios, subvenciones recibidas» y otras «normas legales».

En el «apartado de legalidad», el tribunal considera que Berroeta Aldamar cumplió «razonablemente con la normativa vigente» en 2006 y 2007, pero «no así en el ejercicio 2005».

Recuerda, asimismo, que la sociedad presentó en noviembre de 2007, junto con la Fundación Cristóbal Balenciaga, una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia de Gipuzkoa contra el que fuera gerente de la sociedad y alcalde de Getaria por el PNV, Mariano Camio.

Señala, además, que en noviembre de 2008, la Fiscalía de Gipuzkoa presentó una querella criminal contra Camio al considerar que existían indicios de delito en su actuación como gerente de la sociedad y vicepresidente de la fundación encargadas del proyecto del museo Balenciaga. Además de Camio, el fiscal imputó en su querella, presentada en los juzgados de Instrucción de Azpeitia, al arquitecto cubano Julián Argilagos, autor de la segunda fase del proyecto del museo dedicado al modisto, así como a Rolando Paciel, intermediario entre éste y la ingeniería Eptisa-Cinsa, encargada de las obras.

Contratos y adjudicaciones

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas indica además, que en noviembre de 2005, «el consejo de administración de la sociedad aprobó subrogarse en todos los contratos y adjudicaciones en vigor y comprometidas hasta esa fecha» por la Fundación Balenciaga para la construcción de la segunda fase del museo «sin existir detalle de cuáles eran los contratos y adjudicaciones y sin suscribir documento jurídico alguno».

En cuanto a la contratación, el informe destaca «algunos incumplimientos de la legislación aplicable fundamentalmente por la falta de publicidad exigida». Respecto a las cuentas anuales, el TVCP emite una opinión «favorable» en cuanto a «su presentación y contenido en los tres ejercicios», aunque matiza «algunas salvedades».

Entre las más destacadas, figura «la falta de registro del valor venal del derecho de superficie sobre el terreno transmitido por el Ayuntamiento para la construcción de la segunda fase del museo», así como «la incertidumbre sobre el efecto en las cuentas anuales del desenlace final» del proceso judicial.