Todos los planes contrainsurgentes, antiterroristas o como quieran llamarles que han redactado los gobiernos españoles o autonómicos, todos lo pactos que con el mismo objetivo han suscrito los partidos en los parlamentos o fuera de ellos, han concedido a los medios de comunicación un papel fundamental. Sin embargo, a la vista de los resultados, todos ellos han sido absolutamente inútiles. De lo contrario, no se entiende que 27 años después de que José Barrionuevo diera a conocer el Plan ZEN, todavía siga siendo necesario «deslegitimar socialmente la violencia de ETA».

Cuando ahora se lee el nuevo catálogo de medidas que propone el Gobierno de López, se puede echar la vista atrás y recordar que quienes luego fueron relacionados con la dirección del GAL ya proponían, a principios de los Ochenta, «influir para que ETA aparezca lo menos posible en los medios de comunicación, centrando todas nuestras intervenciones en la paz y el bienestar del pueblo y no en el terrorismo. Dar informaciones periódicas a través de terceros (diarios o semanarios bajo influencia) o potenciar las que surjan para que difundan información sobre conflictos entre los terroristas, sus ideologías extrañas, sus negocios, sus costumbres criticables, etc, recordando que basta que la información sea creíble para que pueda ser explotada».

Además, llamaban a «potenciar o premiar la publicación de reportajes en los diarios vasco-navarros que pongan en evidencia los beneficios que reciben los otros pueblos de España y los hechos históricos o culturales comunes».

Desde entonces, no ha habido gobierno que no haya querido hacer su documento ni documento que no se haya referido a los medios de comunicación. En marzo de 1985, el Parlamento de Gasteiz aprobó un decálogo en cuyo octavo punto la Cámara pedía «a los responsables de los medios de comunicación que -desde el respeto a la libertad de expresión- colaboren con las instituciones representativas de la voluntad popular, y a través de los medios a su alcance, en desarrollar el ambiente social necesario para la generalización de los valores de respeto mutuo, la tolerancia y el rechazo de la violencia y el terrorismo».

Como puede observarse, ese párrafo bien podría estar entresacado del plan que ahora quiere poner en marcha Patxi López. La mayor diferencia de éste con los anteriores es que, por primera vez, un documento surgido de una institución autonómica propone reivindicar el Estado constitucional, con lo que ello significa en una comunidad que mayoritariamente dio la espalda a la Constitución de 1978 y apuesta abiertamente por la superación del marco autonómico.

El texto de 1985 de la Cámara de Gasteiz fue aprobado, dos años después, por los partidos del Congreso de los Diputados, en el llamado Pacto de Madrid.

Semanas después, el 12 de enero de 1988, se firmó el Pacto de Ajuria Enea, en el que la mención a los medios se acompañaba de una referencia a «los educadores», de los que se decía que «están llamados a desempeñar, por su indudable influencia sobre los comportamientos sociales, un papel importante en el proceso de pacificación de nuestra sociedad». No debieron hacerlo bien ni los medios ni los profesores, cuando los gobiernos de turno siguen hoy todavía poniéndoles deberes como la «no neutralidad».

Aunque, quizá, lo que ocurre es que fueron los firmantes de tanto pacto quienes erraron primero en el diagnóstico del problema y luego en la receta para solucionarlo.

A fin de cuentas, el decálogo que el Gobierno de José Antonio Ardanza presentó en marzo de 1985 se basaba en que «lo peor ha pasado, la inmensa mayoría del Pueblo Vasco comparte esta opinión contraria [a ETA], los violentos son más débiles que nunca».

Y eso fue ya hace 25 años. Quienes entonces eran «jóvenes sospechosos» según el Plan ZEN, son ya adultos. Y muchos, todavía, siguen siendo «sospechosos».