El PNV está condenado ideológicamente a salir, una y otra vez, en defensa del «Estado de las autonomías» porque considera que su gran logro durante la denominada Transición española fue alcanzar el «autogobierno» que, entre otros aspectos relevantes, acarreó la actual división administrativa entre Nafarroa y la CAV. Es por eso que Iñigo Urkullu decidió que su partido tenía que superar rápidamente el «calentón» postelectoral y abandonar el calificativo de «ilegítimo» con el que la base electoral jeltzale y muchos de sus dirigentes recibieron al Gobierno de Patxi López. Transcurrido apenas un año desde la «expulsión» de Ajuria Enea, Urkullu prefiere acusar a PSOE y PP de estar impulsando un modelo de «Estado uniforme» en detrimento del «Estado de las autonomías», obviando que tras el golpe del 23-F, en 1981, el PNV ya fue invitado a tomar «el café para todos» con el que el nacionalismo español, especialmente el PSOE, dejó claro que el diseño constitucional no tenía más desarrollo que el de «primar la unidad de regiones» a la que ahora hace referencia el líder jeltzale.

Por ello, resulta curioso que en estos momentos, cuando la ciudadanía vasca mira hacia un nuevo horizonte en el que todas las opciones políticas tengan la oportunidad de defender y alcanzar sus legítimos objetivos políticos, el presidente del EBB del PNV intente poner el foco en supuestos complots para marginar a su partido de las instituciones y ni siquiera tenga el reparo de rescatar esas delirantes hipótesis sobre conspiraciones forjadas entre la izquierda abertzale y el tándem PSOE-PP. Su credibilidad política puede tocar fondo si, mientras apuntala al Gobierno de Rodríguez Zapatero en Madrid, intenta debilitar el movimiento soberanista en Euskal Herria con tan burdos argumentos.

En este contexto, es desconcertante -o quizás, demasiado clarificador- que Urkullu se dirija a Eusko Alkartasuna casi con las mismas palabras pronunciadas por el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para advertir a la formación que dirige Pello Urizar que está haciendo una «interpretación generosa» de la apuesta de la izquierda abertzale para consolidar el proceso democrático que abra cauces para la resolución del conflicto político.

Otro plan antiabertzale

Más chocante aún es que la dirección del PNV no se percate de cuáles son los objetivos reales de los últimos movimientos que está llevando a cabo el Gobierno de Lakua, como los que se enmarcan en el proyecto denominado «Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia 2010-2011». Este nuevo plan «antiterrorista» tiene mucho de plan «antiabertzale», en sintonía con el pacto que PP y PSOE -éste con la mano del propio Rodríguez Zapatero- firmaron en diciembre de 2000 bajo la atenta mirada del entonces presidente español, José María Aznar, y que también tenía una pomposa denominación: «Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo». Entonces, los jeltzales criticaron amargamente que el prólogo de aquel documento incidiera más en llamar al orden a PNV y EA que en la lucha contra ETA, por lo que en un primer momento no dudaron en calificarlo de «plan antiabertzale».

Pues resulta que, como explica GARA en estas mismas páginas, el Plan López intenta descaradamente equiparar la «deslegitimación de la violencia» con la «legitimación del marco constitucional». Por tanto, bajo el manido recurso de apelar a principios políticos y valores éticos universales, lo que pretenden ocultar los dirigentes de PSE y PP es que su principal objetivo es socavar el ideario abertzale. El mensaje subliminal -que no lo es tanto cuando se escucha a los portavoces menos refinados del unionismo español- que se quiere lanzar a la sociedad, tanto desde los centros educativos como a través de EITB, es que la «enfermedad» que soporta este país ha sido provocada por las aspiraciones del nacionalismo vasco, mientras que la «cura milagrosa» llegará cuando los abertzales sean capaces de tragarse la Constitución española de «pe a pa» sin rechistar.

Y para ello están dispuestos a utilizar el argumento de que «las víctimas de la violencia [de ETA] tienen razón», lo cual conlleva un riesgo muy alto, puesto que se les otorga un carácter absoluto, como si se tratara de un colectivo uniforme que, por su propia existencia, tuviera la extraña capacidad de saber qué es bueno y qué es malo para el conjunto de la ciudadanía. Un argumento que, se mire por donde se mire, está más cerca del ideario fascista que de los principios de la democracia.

Al mismo tiempo, PSE y PP quieren trasladar a la opinión pública el mensaje de que cualquier plan que hubiera elaborado el anterior Ejecutivo de Juan José Ibarretxe era, cuando menos, insuficiente; es decir, que el PNV y sus socios de gobierno nunca apostaron decididamente por ninguno de los principios que se recogían en las iniciativas «por la paz» y «contra la violencia» que incluso PSE y PP pudieron llegar a apoyar como mal menor. Ahora, con su ungüento constitucional, pretenden inculcar la idea de que cualquier tiempo pasado fue peor.