Ni siquiera la voluntad popular, expresada a través de las urnas, sirve de barrera de contención a la desmedida y enfermiza obsesión de los partidos unionistas por tratar de arrebatar a las fuerzas independentistas la representatividad que el pueblo y sólo el pueblo les ha otorgado en virtud de la soberanía que, al menos en el plano teórico, le concede la democracia. La Audiencia Nacional pide para los tres ediles de la izquierda abertzale en Berriozar sendas penas de año y medio de cárcel, y una década de inhabilitación absoluta. El fiscal del tribunal especial acusa a Fermín Irigarai, Ezekiel Martín e Izaskun Cebrián de un delito de «exaltación o justificación del terrorismo» en relación a los hechos ocurridos el pasado año en el inicio de las fiestas de la localidad.

Por aquellas fechas UPN y PSN idearon una estrategia para hacerse con la alcaldía -a la que llegó NaBai con el apoyo de ANV- que consistió en criminalizar a los ediles independentistas por el simple hecho de lanzar el cohete festivo y, a un tiempo, poner al alcalde de NaBai en la tesitura de romper el acuerdo de Gobierno presionado al máximo por el poderoso aparato político-mediático español. Sin embargo, el plan quedó en agua de borrajas cuando los concejales abertzales delegaron en el kiliki negro de la comparsa de gigantes el honor de dar inicio a las fiestas.

No obstante, y a pesar de esa amarga derrota, UPN y PSN no han cejado en sus pretensiones y han llegado hasta la propia Audiencia Nacional, denunciando a Irigarai, Cebrián y Martín por exhibir una pancarta a favor de los presos políticos vascos y homenajear a sus familiares. Lo que primero les negó el pueblo con sus votos y después no lograron con su inicua estrategia política podría ponerse ahora al alcance de sus manos a través de la vía judicial, el recurso siempre seguro para modelar el mapa político de este país cuando el resto de los mecanismos falla.