En medio de una enorme expectativa, el Tribunal Constitucional español rechazaba nada menos que el quinto borrador de sentencia sobre el recurso interpuesto por el PP contra el Estatut, lo cual contribuye a buen seguro a aumentar la inquietud de las ciudadanas y ciudadanos catalanes. A aumentar una gran inquietud provocada por la admisión del recurso por parte del alto tribunal, que puede dejar sin efecto, modificar o incluso dar el visto bueno a un Estatut aprobado en referéndum, pero que previamente había sido «convenientemente cepillado». Es decir, el texto recurrido no es aquel que un 90% del Parlament había aprobado, sino el que CiU y el partido en el Gobierno... de Madrid negociaron. Pero en la democracia española la decisión de un parlamento, un referéndum, la voluntad popular, en definitiva, no pueden estar por encima de la decisión de un tribunal. Una vez más, y van unas cuantas, la democracia española deja en evidencia que no es un sistema garantista ni nada que se le parezca. Últimamente se han oído enérgicas denuncias que ponían en cuestión a los jueces de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo españoles por su pasado franquista. Y, si bien es cierto que el Tribunal Constitucional no es ninguna de esas dos instancias, no lo es menos que es fruto de un mero reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios.