Con motivo de la sentencia absolutoria del caso de «Egunkaria» y la proximidad del juicio contra Udalbiltza, los procesados en esta causa comparecieron ayer en Donostia para denunciar «la injusticia que supone juzgar y condenar a Udalbiltza». En alusión a la última redada de la Guardia Civil, criticaron además la «pretensión de criminalizar la solidaridad y defensa de los presos».

El próximo 29 de abril se cumplen siete años desde que la Audiencia Nacional española ordenara la operación contra Udalbiltza, por la que trece personas fueron encarceladas, se cerraron sus sedes y se confiscaron 400.000 euros aportados por particulares para apoyar proyectos de desarrollo en Zuberoa. En su nombre, Miren Odriozola y Lander Etxebarria, señalaron que en aspectos concretos el «caso Egunkaria» y el de la institución nacional «se pueden interpretar de manera mimética o análoga».

«La acusación no tiene bases»

Así, afirmaron que en la sentencia para el caso del diario clausurado observan «una serie de puntos interesantes y positivos». Entre otros, subrayaron el hecho de considerar inconstitucional el cierre de un medio de comunicación, además de la «credibilidad dada a las denuncias de torturas» y el haber subrayado la falta de pruebas acusatorias.

Apuntaron a que al igual que ocurrió con «Egunkaria», también en su causa «primera se decidió cuál iba a ser la conclusión y luego se buscan las señales, vestigios o indicios; por último, se rechaza cualquier sentido o explicación que no apoye la conclusión». Este párrafo está extraído literalmente de la sentencia conocida el lunes.

En este sentido, Odriozola y Etxebarria recordaron que en las calificaciones acusatorias «no hay ninguna actividad delictiva». Las actividades que se recogen «hacen referencia a proyectos que desde otros ayuntamientos e instancias administrativas se impulsan y ayudan». En cuanto a la imputación de pertenencia a ETA, también ven paralelismos total: «Decir que Udalbitza era un proyecto controlado por ETA es otra falacia, una falacia interesada que busca criminalizar a miles de cargos institucionales», afirmaron.

Dada la proximidad del juicio, todavía sin fecha, expresaron además que «necesitamos el aliento y la fuerza de la sociedad para dejar atrás las agresiones habilitadas en la era Aznar».