Juzgan a Portu y Sarasola sin esperar a comprobar si fueron torturados
Hasta quince guardias civiles deben sentarse próximamente en el banquillo de la Audiencia de Donostia acusados de torturar a Igor Portu y Mattin Sarasola (la Fiscalía pide condena para diez). Sin embargo, la Audiencia Nacional pasa por alto esta circunstancia y juzga desde ayer a ambos y a Mikel San Sebastián acusados de realizar el atentado contra la T-4. Así las cosas, Sarasola tildó al tribunal de «fascista» y Portu le recordó que ya declaró en su día, «bajo torturas».
R.S. |
El juicio por el atentado contra la T-4 del aeropuerto de Barajas -que costó la vida a dos personas el 30 de diciembre de 2006- comenzó ayer en la Audiencia Nacional. El seguimiento mediático fue enorme, pero casi nadie citó que el juicio arranca sin que el tribunal disponga de un dato básico: si Igor Portu y Mattin Sarasola fueron torturados por la Guardia Civil. La propia Fiscalía considera que sí en el escrito de acusación del caso abierto en Donostia, en el que se imputa a diez agentes. La defensa señala a quince. Todos ellos deben ser juzgados en los próximos meses.
La Audiencia Nacional no ha esperado a esa sentencia, sino que comenzó ayer la vista oral contra Portu, Sarasola y Mikel San Sebastián, detenido posteriormente. Ninguno de ellos quiso declarar. Portu recordó a los jueces que «lo que debiera decir» durante esta vista oral ya lo dijo «bajo torturas».
Antes que él, Sarasola anunció que no iba a participar en la vista y tildó al tribunal de «fascista» por tolerar las torturas. San Sebastián también se negó a reconocer a los jueces por el mismo motivo.
Como es sabido, tras su detención en enero de 2008 Portu estuvo al borde de la muerte. Pasó tres días en la UCI del Hospital de Donostia con fracturas en dos costillas, traumatismo torácico y neumotórax, entre otras dolencias. Ya en el primer momento, el juez Fernando Grande-Marlaska admitió que entre su testimonio de torturas y el realizado por Sarasola había múltiples coincidencias, pese a que ambos no habían estado en contacto, lo que apuntalaba su credibilidad. Frente a ello, la versión oficial del Ministerio del Interior siempre ha alegado que las heridas fueron fruto de un enfrentamiento físico en el momento del arresto.
La Fiscalía de Gipuzkoa desmiente este relato en su escrito de acusación, en el que acusa de torturas a cuatro guardias civiles y de lesiones a seis más, tras dar por buena la versión de Portu y Sarasola. Matiza, eso sí, que los agentes actuaron «conmocionados» por la muerte de dos guardias civiles a manos de ETA, un mes ante en Capbreton.
Rubalcaba: «Pelos y señales»
La «prueba» fundamental que liga a Portu, Sarasola y San Sebastián al atentado de la T-4 son las autoinculpaciones arrancadas por la Guardia Civil en estos días. De hecho, cuando Portu estaba todavía incomunicado pero ya en el hospital, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no tuvo reparo en afirmar que habían asumido la autoría de la explosión de Barajas «con pelos y señales».
La bomba hundió el parking de la T-4 y acabó con la vida de Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, que dormían en sus coches y no escucharon los avisos de desalojo. La Fiscalía pide unos 900 años de cárcel.
Fuentes fiscales admiten la escasez de pruebas. Justo ayer apareció un informe caligráfico de la Guardia Civil para avalar que fue San Sebastián quien escribió en una nota el número de los bomberos de Madrid, adonde se hizo la llamada de aviso.
La decisión de situar este juicio por delante del relativo a las torturas resulta aún más cuestionable si se recuerda una actuación anterior del presidente del tribunal. Alfonso Guevara anuló en 2008 una declaración realizada ante la Guardia Civil al dudar de que fuera «total y absolutamente libre, espontánea y voluntaria».
En consecuencia, Guevara dictó una sentencia absolutoria para el joven donostiarra Arkaitz Agote, que había sido juzgado acusado de «estragos terroristas» por un artefacto explosivo que estalló en el juzgado de Zarautz en noviembre de 2005. La Fiscalía pedía que fuera condenado, pero el juez Guevara explicó que resultaba «imprescindible» que el tribunal tuviera «certeza y convicción» sobre las declaraciones autoinculpatorias realizadas en los calabozos.
En aquella ocasión, además, Agote había presentado una denuncia por torturas que ya estaba archivada. Sin embargo, tras analizar detenidamente lo ocurrido en el periodo de incomunicación, Guevara subrayó elementos como que el joven había dicho al forense que pensaba ahorcarse con el vendaje que llevaba -tenía el brazo en cabestrillo- si se mantenía esta situación. El juez tomó en consideración «la depresión sicológica profunda del detenido» y concluyó que su declaración policial «no fue vertida en total y absoluta libertad de ánimo». R.S.
