Tras decidirlo así todos los grupos del Parlamento de Nafarroa, el presidente del Gobierno, Miguel Sanz, y la consejera de Salud, María Kutz, explicarán en la Cámara su postura respecto a la práctica en la sanidad pública de interrupciones voluntarias del embarazo y sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno navarro contra la nueva Ley del Aborto.

El portavoz de UPN, Carlos García Adanero, fue contundente al recordar que su partido es «contrario al aborto» y consideró que «llama la atención» que PSN y NaBai «hagan dejación de esas competencias porque esta ley les parezca buena» y que protagonicen una actuación «bastante jacobina» en la defensa del «centralismo de Madrid».

En la misma línea, José Andrés Burguete (CDN) señaló que su partido «ni defiende ni comparte» la nueva Ley del Aborto, aunque emplazó a conocer el resultado del informe del Consejo de Nafarroa sobre «invade» o no las competencias de Nafarroa.

Opinión contraria fue la mostrada por Patxi Zabaleta, de NaBai, quien tras recordar su postura contraria al recurso, señaló que su coalición espera «con curiosidad biensana» el informe que debe dar el Consejo de Salud a este respecto. Por su parte, Samuel Caro (PSN) abogó por acabar con el «agravio comparativo» que a su entender supone que las navarras deban salir fuera para un acto médico que las ciudadanas de otras regiones reciben sin desplazarse, al tiempo que instó a UPN y CDN a «dejar de ser hipócritas y mirar hacia otro lado» cuando el debate sobre «aborto sí o aborto no» es «una realidad superada».

Asimismo, Ion Erro (IUN) incidió en su tesis de que el recurso de inconstitucionalidad que plantea el Ejecutivo navarro es «un acto de insumisión» a la ley y «el acto más irresponsable políticamente hablando». Además, a su entender, «buscan continuar en Navarra con la imposición de que no se practiquen interrupciones de embarazos».

¿Una clínica privada?

Actualmente la sanidad pública navarra paga la intervención fuera de Nafarroa a alrededor de 700 mujeres cada año. Ayer el consejero portavoz del Gobierno, Alberto Catalán, afirmó que concederán la autorización para que una clínica abortista se implante en Nafarroa «si reúne los requisitos». «Allá ellos con la labor que desarrollan y su propia conciencia», dijo.

Además, al ser preguntado sobre esta posibilidad, explicó que «autorizar no implica que vaya a ser un centro concertado».