Las neoliberales medidas diseñadas por el FMI y adoptadas al pie de la letra por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se han cebado en esta ocasión con los jubilados y con los funcionarios.

Paradójicamente, muchos trabajadores y parados no han visto mal que se baje el sueldo a los funcionarios, haciendo suyo el peregrino argumento de que tienen asegurado el puesto de trabajo para toda la vida y que por tanto son unos privilegiados.

Han olvidado ya esa consigna, de la que ya nadie parece acordarse, de que la crisis la tienen que pagar los ricos. Es decir, que es una injusticia hacer pagar a los trabajadores los efectos de una crisis capitalista surgida por las prácticas usureras de los grandes bancos. Especialmente cuando los causantes de la crisis han recibido dinero público a espuertas. Sin embargo, se escuchan comentarios en plan «como a mí me han bajado el sueldo un 1o% que se aguanten, que un 5% no es tanto» o «a mí me aplicaron un ERE, que no protesten, que su empresa no va a cerrar».

Más allá de la caricatura del funcionario ocioso, que está detrás de una ventanilla entre la salida a desayunar y la de almorzar y que siempre está de mal humor, es necesario mantener unos servicios públicos de calidad que sean la base del estado de bienestar, y para ello es preciso que haya médicos, enfermeros, profesores y bomberos, entre otros, trabajando en el sistema público y con condiciones laborales dignas.

La extensión de las medidas antisociales a otros colectivos no beneficia a los trabajadores que hemos tenido que padecer recortes, sino todo lo contrario. El dicho de mal de muchos, consuelo de tontos cobra aquí más sentido que nunca. Estas medidas pueden ser el caballo de Troya que las administraciones necesitan para justificar la privatización de servicios esenciales que ya se están produciendo y que tendrán como consecuencia irremediable el enriquecimiento aún mayor de los dueños de las empresas, la pérdida de los derechos laborales de los trabajadores que prestan esos servicios y la caída en picado de la calidad de la educación y la sanidad públicas.