El diputado de Hacienda de Gipuzkoa, Peio González, lamentó ayer, tras conocer el auto de procesamiento del ex director de la Hacienda de Irun, José María Bravo, al que imputa hasta nueve delitos por el presunto fraude cometido en la Oficina tributaria, que se deje fuera de la causa, por falta de pruebas, a la funcionaria Pilar Gracenea, que trabajó con Bravo, y al inmediato superior de éste, Juan Pardo.

En declaraciones a los medios en las Juntas Generales de Gipuzkoa, González, tras adelantar que pedirán las imputaciones de Gracenea y Pardo, trasladó por otra parte su «satisfacción» porque «por fin se haya finalizado el auto para iniciar lo que es la vista oral», tras tres años de diligencias previas y después de que el juez haya elevado de tres a nueve los delitos imputados a Bravo por el supuesto fraude.

El titular de las arcas publicas consideró que «el trabajo que el Departamento de Hacienda ha hecho en los últimos años se ve de alguna manera reflejado en el auto del juez», ya que «aparecen las cuantías que se ha ido defendiendo que habían sido robadas por las personas imputadas», más de 2,1 millones de euros, así como «los nuevos expedientes que la Hacienda foral llevó tanto a la Fiscalía como al juzgado». Tras reiterar su «satisfacción en este doble sentido», González insistió en expresar su pesar por la no imputación de dos personas que a su entender también deberían ser juzgados.

A pesar de ello, señaló que «el trabajo que le toca a la Hacienda no es el de juzgar sino el de trasladar la información al que le toca». «Esas son las reglas del juego de la Justicia y ahí nos tenemos que retratar y acatar las consecuencias», añadió. No obstante, anunció que, dado que el auto contempla la posibilidad de «alegar las consideraciones que se quieran, durante tres días», su departamento, «en coherencia» con su posición inicial, trasladará por escrito lo que son las peticiones de nuevo de imputación de Gracenea y Pardo, para, en todo caso, «acatar lo que decida el juez».

Cuarenta actuaciones

El auto judicial repasa una a una las cerca de cuarenta actuaciones presuntamente delictivas cometidas por los imputados, especialmente el responsable de la Hacienda de Irun, entre 1990 y 2004, en la mayoría de las cuales José María Bravo siguió un patrón similar al reclamar distintas cantidades económicas a contribuyentes, comercios y empresas morosas de la Hacienda guipuzcoana.