«En la marcha del sábado diremos que ya basta de conculcar los derechos humanos, civiles y políticos de la sociedad vasca en general y de la juventud vasca en particular». De esta forma resumió Josu Esparza, del movimiento pro-amnistía, el objetivo de la manifestación que tendrá lugar este sábado en Iruñea, con inicio a las 18.00 desde los cines Golem, bajo el lema «No a la tortura, no a las ilegalizaciones, sí al derecho a defender todos los proyectos».

Junto a Josu Esparza comparecieron en rueda de prensa más de una docena de personas en representación de las organizaciones y colectivos que apoyan la marcha, así como familiares de jóvenes represaliados. En la larga lista se encuentran la izquierda abertzale, EA, Aralar, Lokarri, LAB, ELA, EHNE, EILAS, CGT, ESK, Sasoia, Ahaztuak, Gazte Independentistak, Gazte Abertzaleak, Askapena, Askagintza, Bilgune Feminista, Emakume Internazionalistak y decenas de colectivos de todo tipo.

En nombre de todos ellos, Iker Aristu, detenido e imputado en una macrorredada policial, e Igor Arroyo, de LAB, aportaron datos significativos sobre la represión. Así, desde el 19 de enero de 2006, fecha en que el Tribunal Supremo criminalizó a Jarrai-Haika-Segi, prácticamente cada semana un joven independentista vasco ha sido detenido por su labor política y social; cada dos semanas, uno de ellos ha denunciado haber sufrido torturas, y cada semana y media uno ha sido encarcelado por dicha actividad.

En un manifiesto conjunto, señalan que Euskal Herria «vive momentos esperanzadores, en los cuales se apuesta decididamente por dar una solución democrática al conflicto que vive este pueblo con los estados español y francés y alcanzar la paz y la libertad».

Frente a ello, constatan que el Estado español ha tomado la decisión de «torpedear cualquier proceso democrático que desbloquee la actual situación de confrontación», y se muestran convencidos de que «este tipo de ataques continuarán».

Por ello, el sábado exigirán al Estado español que derogue la ley que posibilita la incomunicación, «como medida más eficaz para acabar con la tortura», y que elimine también las leyes que permiten la ilegalización de organizaciones sociales y políticas. Junto a ello, reclamarán a los estados español y francés que permitan «la posibilidad de desarrollar en igualdad de oportunidades y condiciones cualquier proyecto social, cultural o político».