La ofensiva militar del Ejército tailandés y el toque de queda que le precedió dejaron desiertas las calles del centro de Bangkok. Pero las protestas se extendieron por el país, porque las balas con que el Gobierno respondió a las peticiones de diálogo no han solucionado la gran carencia democrática de ese Gobierno ni los problemas sociales que mueven a los campesinos tailandeses a rebelarse contra la élite urbana representada por el actual presidente. Después de dos meses, los «camisas rojas» han sido desalojados de la capital, pero está por ver qué dirección toma la revuelta. Lo que sí queda claro es el carácter autoritario del Gobierno que, obviando el evidente malestar popular, se ha negado a dialogar y ha respondido con el peor de los argumentos: la represión.

Ante la grave situación creada en Tailandia, resulta difícil soslayar el silencio de la comunidad internacional, la ausencia de presiones y anuncios de sanciones de ese Occidente que reparte credenciales democráticas y de sus medios de comunicación, tan beligerantes todos ellos con gobiernos incompatibles con sus intereses, aunque cuenten con el claro apoyo -también con los votos- de los ciudadanos.