Los juzgados de Donostia iniciaron ayer el juicio contencioso administrativo sobre la petición del sindicato LAB de apertura de expediente contra el ex director de la Hacienda de Gipuzkoa y ex senador del PNV Víctor Bravo, por incumplimiento de la ley de la función pública vasca en materia de incompatibilidades. Según explicó LAB, inició esta vía «después de constatar la falta de voluntad» por parte de la Diputación para ejecutar su petición de abrir el expediente a las personas implicadas en la trama del fraude que ha existido en la Diputación gipuzcoana.

Por ello, el sindicato llevó a cabo una concentración frente a los juzgados para denunciar «la actitud de los responsables que se niegan a actuar ante este tipo de fraudes y la nula voluntad del entramado institucional y partidos políticos» para destapar la trama. Concretamente, la representante de LAB Arantxa Sarasola denunció que la institución foral «no ha querido cumplir con su obligación, que es la de investigar qué actividades ejercía Bravo en el ámbito privado cuando era responsable de la Hacienda de Gipuzkoa», informó Efe.

Asimismo, LAB reiteró su petición de dimisión para el actual portavoz de la Diputación, Eneko Goia, quien trabajaba como asesor directo en el Departamento de Hacienda cuando se estaba produciendo el fraude del llamado «Caso Glass». Sarasola advirtió de que por la vía de lo penal «sólo se van a buscar unas cabezas de turco» y que «en realidad no se van a dirimir responsabilidades políticas porque no hay voluntad para ello». En este sentido recordó que Bravo continúa siendo funcionario.

Al respecto, el miembro de LAB Joxean Urkiola advirtió de que un funcionario no puede ejercer cargos o actividades incompatibles con su cargo, y que esto «está calificado como falta muy grave». Sin embargo, criticó que la Diputación «sigue permitiendo que haya funcionarios que incumplen la Ley sin hacer nada contra ellos».

Juicio suspendido

Por su parte, al inicio de la comparecencia los abogados de la Diputación de Gipuzkoa y de Victor Bravo reclamaron la suspensión del juicio alegando «la falta de legimitimidad» del sindicato LAB a la hora de presentar la demanda. Ante dicho requerimiento el juez decidió suspender el juicio para evaluar la demanda de los abogados.