El Juzgado de lo Social número 6 vio ayer la demanda de los familiares de Julián Herreras Vázquez que falleció a los 69 años en 2008, tras padecer un mesotelioma pleural a consecuencia de haber trabajado en contacto con el amianto a lo largo de su vida laboral. Su viuda e hijos interpusieron una demanda por daños y perjuicios contra la empresa por la falta de medidas de prevención. Su abogado, José Luis Luengas, reclamó una indemnización conjunta de más de un millón de euros.

En la vista oral, dos ex trabajadores reconocieron que en la acería, que ahora es propiedad de Productos Tubulares, se trabajaba con amianto, pero en ningún momento la dirección de Babcock Wilcox ofreció información, formación, controles médicos específicos y equipos de protección a los trabajadores. José Lorenzo Quintero, encargado de Julián Herreras, explicó la existencia de amianto y muchísimo polvo que se desprendía del horno que, aunque era eléctrico, estaba recubierto por el mineral cancerígeno como aislante, como otros materiales. «Nadie nos dijo que era cancerígeno, ni que era peligroso».

Alejandro Villa, otro testigo y ex trabajador de Babcock Wilcox, confirmó todos estos extremos. En este juicio, el abogado de la empresa destacó por comparecer con un informe «específico y único» que realizó la Inspección de Trabajo y Osalan en el que, entre otras cosas, asegura que los inspectores de trabajo y técnicos se entrevistaron con el personal de Babcock Wilcox. Como señaló el abogado, la Inspección de Trabajo y Osalan sólo contrastó la información sobre la existencia o no de amianto en los lugares donde trabajo Julián Herreas con el jefe de recursos humanos, el jefe de producción y el jefe de fabricación, pero no entrevistaron a los trabajadores.

Llama la atención el proceder de la Inspección de Trabajo y Osalan y del propio abogado de Babcock, porque tampoco presentó a quienes realizaron el informe a la vista judicial.