La reunión entre el lehendakari, Patxi López, el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, el de Araba, Xabier Agirre, y el de Gipuzkoa, Markel Olano, junto a Jokin Bildarratz, presidente de Eudel, no respondió a las expectativas que, al menos teóricamente, cabían albergar de una cita con semejante representación institucional y en un momento como éste. La reunión estaba convocada para ver cómo se van a trasladar las medidas de ajuste del Gobierno del PSOE en esos tres territorios vascos. Algo que sigue sin estar claro. Al respecto, los representantes de PSE y PNV reflejaron acuerdos básicos y simularon discrepancias puntuales. Algo ya tradicional en la relación de estos dos partidos, que históricamente han jugado a aparentar conflicto mientras se apoyaban mutuamente para sacar adelante presupuestos o recortes fiscales, por ejemplo. Nadie se responsabilizó ayer de esas políticas.

En contraste con esta cita institucional, la huelga convocada para hoy por la mayoría sindical vasca debe entenderse no sólo como una defensa de las condiciones laborales de los funcionarios de Nafarroa, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, sino como una defensa del empleo público y de los servicios asociados a él: la sanidad, la educación, los servicios sociales, el transporte público... Una defensa de lo público planteada no ya como contraria a las leyes del mercado -porque si algo ha demostrado esta crisis es que esas leyes eran falsas, que si el mercado falla la clase política sale en su ayuda con el dinero público-, sino como alternativa política y social. Los sindicatos vascos deben ser capaces de hacer entender ese mensaje frente a quienes, demagógicamente, les acusan de defender sólo a los empleados y no al empleo o los servicios.

En ese sentido, es significativo que los partidos reclamen responsabilidad a los sindicatos ante este tipo de huelgas mientras, ayer que tenían una oportunidad inmejorable para hacerlo, son incapaces de asumir delante de la sociedad su parte de responsabilidad en la crisis.