Mikel Karrera, Maite Aranalde, Arkaitz Agirregabiria y Eñaut Aramendi fueron puestos a disposición judicial ayer en París, el mismo día en que se consumaban los cuatro días de incomunicación en manos de la Policía francesa. Sin embargo, y siguiendo con la opacidad que mantienen las autoridades francesas desde los arrestos, ayer sólo trascendió la petición de prisión demandada por la Fiscalía.

La instrucción judicial acusa a estos cuatro ciudadanos vascos de delitos como «asociación de malhechores», «ocultación de robos», «infracción a la legislación sobre las armas», «ocultación de extorsión» y «detección de documentos falsos y administrativos».

Las agencias españolas preveían que los cuatro arrestados comparecieran a última hora de la tarde de ayer ante los tres magistrados encargados de dictar su procesamiento, que tal y como difundieron las agencias, se trata de Christophe Teissier, Laurence Le Vert e Yves Jannier. Después de comparecer ante ellos, los arrestados debían pasar ante un juez de las Libertades y la Detención para que se pronunciara sobre el ingreso en prisión.

La quinta persona arrestada en este operativo que tuvo lugar el jueves en Lapurdi, Laetitia Chevalier, quedó en libertad el domingo por la tarde sin pasar siquiera a disposición judicial.

En contraposición al mutismo de la prensa y las autoridades francesas, los medios digitales españoles difundían durante la tarde de ayer la presunta participación de Mikel Karrera en el tiroteo que costó la vida a dos guardias civiles en Capbreton en diciembre de 2007.

Al parecer, según estas fuentes, «la prueba genética de Karrera se corresponde con el ADN encontrado en uno de los coches empleados para huir del lugar de los hechos». Tras esta supuesta confirmación, en base a los datos genéticos obtenidos a los detenidos, el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, no tardó en expresar su satisfacción por que, a su juicio, «todos los que intervinieron en el atentado están ya en la cárcel». Cabe destacar que, desde que ocurriera el tiroteo de Capbreton, Pérez Rubalcaba ha adjudicado estas muertes a varios detenidos acusados de militar en ETA, entre ellos a Garikoitz Azpiazu o a Aitzol Iriondo. Tras sus arrestos, en ninguno de los casos fue corroborada su participación por la Justicia francesa.

96 horas en manos de la Policía

Aranalde, Karrera y Agirregabiria fueron arrestados en Baiona, mientras que Aramendi y Chevalier lo eran en Urruña, en su domicilio. Las detenciones se produjeron a partir de las 6.15 del jueves, cuando un gran despliegue policial irrumpió en una vivienda de la capital.

El registro del piso en el que estaban Karrera, Agirregabiria y Aranalde se prolongó durante catorce horas y, según aseguraban las agencias, la Policía se incautó de «abundante material informático» y de «diversa documentación», sin precisar de qué tipo era.