A estas alturas, no hay duda de que la situación de crisis económica generalizada en Europa ha tenido su origen en los movimientos especulativos de los sectores financiero e inmobiliario que en cascada se han propagado por todos los sectores. La corriente neoliberal dominante fue el caldo de cultivo ideal para el funcionamiento libérrimo de unos mercados que en su actuar ciego nos han conducido al lugar donde nos encontramos: economías averiadas y sociedades maltrechas. Una filosofía económica convertida en pensamiento único que, de manera más o menos explícita y evidente, ha guiado la actuación de los gobiernos de Europa, sin distinción de colores.

Pero en el Estado hemos tenido, además, la actuación irresponsable del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Con una política más pendiente de los gestos, fue reconocido en su momento emblema de las posiciones más a la izquierda del socialismo europeo. Desde ese prominente lugar, las políticas del presidente del Gobierno español se han centrado en el desarrollo de derechos civiles en confrontación con determinados estamentos de la derecha más reaccionaria. Engolfado en las bonanzas del ciclo económico por las que ha transitado buena parte de su mandato, su dedicación a las necesarias transformaciones del sistema económico ha brillado por su ausencia y ahora sufrimos las consecuencias.

Un Gobierno, el de Rodríguez Zapatero, que desde la inopia avaló, gratis total, las medidas de rescate del sistema financiero consistentes en insuflar miles y miles de millones por parte de los gobiernos europeos, americano e instituciones financieras internacionales como el FMI para dotarle de la necesaria estabilidad y liquidez, bajo la especie de estar sosteniendo los fundamentos del sistema. Un Gobierno, también, que al tiempo que promovía una gaseosa e inocua Ley de Economía Sostenible, de urgencia implementaba programas de ayuda a los ayuntamientos, Planes E, consistentes en la mayor parte de los casos en parches sin la mayor pretensión, como los créditos fiscales indiscriminados y los diversos «renoves» para aguantar el momento e ir tirando. Medidas todas ellas que han conducido al vaciamiento irresponsable de las arcas públicas, siempre bajo el signo de la clamorosa improvisación y de las evidentes contradicciones. Así es que a última hora, en la peor coyuntura en un siglo, tenemos un Gobierno obligado a cumplir con los compromisos de pertenencia al club de la moneda única que cae del guindo y no tiene mejor idea que hacer la cuadratura presupuestaria aprisa y corriendo, drenando recursos donde más duele a las clases que dice defender.

En el paquete, se cuela además un recorte del capítulo 6, inversiones, que fundamentalmente afecta a la obra pública gestionada por el Ministerio de Fomento. Un ahorro de más de 6.000 millones de euros en infraestructuras del transporte que sufrirán atrasos y cancelaciones. Lo que hasta ayer era la gloria de un estado ejemplo del mundo, su programa de Alta Velocidad inspirando a los mismísimos Estados Unidos, se dice ahora que quizá estaba exagerado. Se apela a la racionalidad para justificar ese ahorro. Racionalidad sobrevenida que reclama la validación de los proyectos con análisis de coste-beneficio a balón pasado.

Así, y sin solución de continuidad, se quiere pasar del tiempo de una economía material, caracterizada por impulsar proyectos de dudosa viabilidad y rentabilidad social, proyectos no eficientes, se reconoce ahora, a una nueva era caracterizada por la exigencia de sostenibilidad en las infraestructuras que se ejecuten. Cínico ejercicio de necesidad que quiere hacer virtud, tarde y mal. Ha anunciado el ministro José Blanco una rebaja importante en los compromisos anteriores de inversiones en infraestructuras de transporte en el programa que lleva por título «Planes de Eficiencia, Austeridad y Ajuste en el Ministerio de Fomento», con el objetivo de colaborar en la reducción del déficit de las cuentas públicas españolas. Según avanzó la semana pasada en las Cortes el ministro, el nuevo Plan Extraordinario de Infraestructuras del Estado español va apostar por la sostenibilidad, y por ello la mayor parte de la inversión se destinará al ferrocarril, tanto para el transporte de mercancías como de viajeros, y el resto a concluir los grandes ejes viarios de carreteras. También anunció que en la nueva Ley sobre Puertos, que está en fase de debate en las Cortes, cada puerto deberá garantizar su autosuficiencia económica, cosa que choca de bruces con la propuesta de construcción del puerto exterior de Pasaia defendida por el presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia, Miguel Buen, apoyado por el PNV, PSE-PSOE y PP, así como por la DFG y el establishment económico del lobby del cemento.

Rebaja importante en las inversiones públicas que contradice la política de estímulos de anteayer y que pone nerviosos a quienes en el ámbito de la CAPV siguen anclados en la idea de que la ejecución de infraestructuras, cualquiera, es, en sí misma, un valor irrenunciable. Nerviosos en la defensa de proyectos, puertos, aeropuertos, pasarelas marítimas... que no han sido sometidos a las necesarias evaluaciones social, económica y medioambientales, siendo así que la dedicación presupuestaria a todos ellos podría resultar irresponsable cuando el esfuerzo en infraestructuras se concentra en inversiones redundantes, innecesarias o insostenibles desde la óptica de la sostenibilidad no retórica.

Apelando al espíritu de las Directrices de Ordenación del Territorio vigentes en la CAPV, y desde un análisis de necesidades de tráficos de mercancías actuales y previsión de futuros, la política portuaria debería guiarse por criterios de complementariedad entre todos los puertos vascos (Baiona, Bilbo y Pasaia) que están infrautilizados en más del cincuenta por cierto de su capacidad, y a este respecto sería extraordinariamente eficiente el ir, al menos en el caso de Bilbo y Pasaia, hacia una Autoridad Portuaria Única. Por lo que respecta a los aeropuertos, tampoco tiene sentido contar con cinco en un área tan reducida como Euskal Herria, ni ahora y mucho menos cuando entren en servicio las nuevas infraestructuras ferroviarias que nos permitirán el acceso a los centros de las ciudades de Madrid, Barcelona y otras ciudades del Estado español y francés en tiempos más competitivos que los del avión. A medio plazo sería suficiente para el conjunto de Euskal Herria con dos aeropuertos que nos conectasen a los grandes «hubs» europeos del transporte aéreo.

Por lo que se refiere a las nuevas infraestructuras ferroviarias que están ya en fase de construcción, éstas deberían permitir tráficos mixtos de mercancías y de viajeros, lo que no está claro ahora mismo, y además de servir como enlace con las grandes redes transeuropeas y con el corredor mediterráneo, deberían permitir la conexión de las capitales vascas y también de las áreas funcionales entre sí y con las capitales, por lo que habría que aprovechar que aún estamos a tiempo de construir estaciones comarcales intermodales e intramodales -enlazando las actuales redes ferroviarias con la nueva red- en Durangaldea, Goierri, Sakana, Tafalla, Castejón y Tutera y garantizar de este modo el desvío de tráficos de mercancías y de viajeros de la carretera al ferrocarril. En el caso de Ipar Euskal Herria, habría que adecuar la actual red con pequeñas modificaciones de trazado, ya que sería la solución más económica y de menor impacto ambiental, en vez de optar por construir una nueva red entre Baiona e Irun.

En este tiempo de crisis, Euskal Herria sigue teniendo carencias en infraestructuras que habría que atender sin demora; la regeneración urbanística de la bahía de Pasaia, el saneamiento de Urdaibai y del Alto Nervión, la defensa contra inundaciones de Bilbo, las conexiones portuarias al ferrocarril o el mallado ferroviario de las áreas funcionales no pueden seguir esperando. Sin embargo, seguir en el empeño de dotar a todos los territorios de puerto y aeropuerto, hacer apuestas dobles con las autopistas y el ferrocarril, etcétera sin agotar todo el rendimiento de las infraestructuras del transporte actualmente disponibles con una verdadera ordenación del país, es un despilfarro de recursos que nunca nos debimos permitir.

Es tiempo de establecer prioridades, de elegir bien las inversiones a acometer sacando el máximo partido de unos recursos, los presupuestarios y el territorio, que son siempre, no se olvide, limitados. Sin nervios, sin improvisación y sin contradicciones.