El informe de Amnistía Internacional (AI) de 2010 constata que pese a que se han registrado avances en la justicia internacional, los gobiernos están agravando la brecha entre quienes tienen acceso a ella y quienes no, provocando que se conculquen los derechos humanos de millones de personas.

«Mientras los gobiernos sigan subordinando la justicia a los intereses políticos, la mayor parte de la humanidad seguirá viviendo con miedo y sufriendo necesidades», destacó Claudio Cordone, secretario general interino de AI.

Fernando Armendáriz, portavoz de los grupos de AI de Iruñea, Gasteiz, Donostia y Bilbo, explicó en la capital navarra que han pedido a los gobiernos que garanticen la rendición de cuentas por sus acciones, ratifiquen el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional y garanticen que los crímenes de derecho internacional puedan ser enjuiciados en cualquier parte del mundo.

En este sentido, Armendáriz lamentó que 81 estados aún no hayan suscrito el Estatuto de Roma y subrayó la importancia de que entre éstos se encuentren siete países pertenecientes al G-20, como EEUU, Indonesia y Turquía.

En cualquier caso, señaló que en 2009 se han producido avances en la aplicación de la justicia universal, como la orden de detención de un jefe de Estado en ejercicio, el sudanés Omar al-Bashir, a quien se le imputan crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Sin embargo, el propio informe de AI constata que en este mismo caso se produjo un retroceso, ya que la Unión Africana (UA) se negó a colaborar y la orden de detención de Al-Bashir quedó en papel mojado.

Entre las sombras que se han registrado en 2009, Armendáriz citó a China, que en el caso de los uigures de Xinjiang ha restringido la información, ha detenido a manifestantes pacíficos y no ha permitido la visita del relator de Derechos Humanos de la ONU.

Crímenes de empresas

En lo que se refiere a la aplicación de la justicia a empresas multinacionales, también se han registrado claros y sombras. Así, se han cumplido 25 años del desastre de Bhopal, que afectó a 100.000 personas y provocó miles de muertos, sin que los responsables de Union Carbide hayan sido condenados.

En el otro lado de la balanza, los tribunales de los Países Bajos han procesado a la petrolera Shell por crímenes cometidos en el Delta del Níger.

El informe de AI también destaca que en el Estado español se han registrado retrocesos en la reparación de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil.