Cuando el régimen franquista se encontraba en su apogeo y la Iglesia jerárquica española se plegaba a sus exigencias, aplaudía y acogía «bajo palio» al dictador, 339 sacerdotes de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, fieles a sus convicciones, suscribían un escrito denunciando, con honestidad y valentía, la situación extrema vasca bajo la dictadura. En su texto, dividido en tres partes, se reafirmaban los derechos naturales del hombre y de los pueblos, se denunciaba la situación de injusticia creada en el Estado español y se analizaba el caso concreto de los derechos conculcados del pueblo vasco y clase obrera.

Estos días se cumplen los 50 años de aquel documento que fue entregado el 30 de mayo de 1960, con la relación de todos los firmantes, a sus destinatarios: obispos de España, Nuncio y Secretaría de Estado del Vaticano. El régimen censuró su publicación que, sin embargo, se extendió en la prensa extranjera. Entre otros medios, «The Times», «New York Herald» y «New York Times» se hicieron eco del escrito.

Las reacciones políticas y eclesiásticas no se hicieron esperar. Los entonces obispos de Bilbo (Pablo Gúrpide), de Gasteiz (Francisco Peralta), de Donostia (Jaime Font i Andreu), de Iruñea (Enrique Delgado) publicaron una Nota acusando al documento de «falsedades evidentes y carácter político... escándalo propagandístico con turbios fines políticos... de graves repercusiones para la Iglesia». La jerarquía española les acusó de desobediencia y rebelión. El Nuncio censuraba en nombre de la Santa Sede aquella «lamentable iniciativa», que faltaba «al respeto debido a los Prelados» y era «escándalo para los buenos fieles».

Los sacerdotes firmantes, que no querían «resignarse ante la injusticia sin protestar, sin luchar como hombres y cristianos», denunciaban en tal documento el ignominioso silencio y complicidad eclesiástica. Desde los principios básicos de la doctrina cristiana, defendían «la libertad como derecho sacrosanto de todo hombre, el derecho a la autodeterminación de todo pueblo, de todo grupo étnico, de toda personalidad física o moral, dentro de los cauces establecidos por la ley natural y el derecho positivo-divino».

«Continuamente vemos que han sido detenidas personas por sus actividades temporales, no coincidentes con el pensamiento político a dirección única, impuesto por el Estado. Se detiene por manifestar pública e incluso privadamente opiniones políticas contrarias a las del Gobierno en materia de suyo opinable. Y al faltar los medios normales de expresión de la verdad, se convierte en delito lo que de suyo no es más que el ejercicio de un derecho».

En su «análisis de la realidad», ponían de manifiesto también «la falta de libertad...», detenciones de personas «por manifestar pública e incluso privadamente opiniones políticas contrarias a las del Gobierno en materia de suyo opinable» y, luego, «encarceladas sine die durante meses y años... con la continua angustia de sus familiares, porque ignoran su paradero o no saben cuándo podrán ser juzgados... Y las garantías de un juicio imparcial se ven de tal manera reducidas que es menester tomar todas las medidas posibles para impedir que el capricho o servilismo de un juez cometa una grave injusticia... (ya que) el Poder Ejecutivo interfiere en la vida judicial, orientando encaminando y dictaminando según las normas políticas del Jefe Político». Denunciaban también que «en las comisarías de Policía de nuestro país» se empleaba «el tormento como método de exploración y búsqueda del transgresor».

«Son estos hechos los que tienen conmovido al país, y no solo al país, sino al mundo occidental, como lo demuestra el hecho de que varias legaciones extranjeras, bien sean miembros del Cuerpo Diplomático o delegaciones de partidos políticos, hayan visitado España con el fin de presenciar juicios políticos, visitar cárceles, abrir encuestas, informarse en suma, y frenar, con su presencia y actitud, los desmanes del Estado español contra la persona humana».

Por todo ello, denunciaban «ante los españoles y ante el mundo entero, la política, que hoy impera en España, de preterición, de olvido, cuando no de encarnizada persecución, de las características étnicas, lingüísticas y sociales que nos dio Dios a los vascos». Y todo ello dentro de «un régimen, que oficialmente se dice Católico y al que presta su apoyo decidido la Jerarquía Católica Española». Abogaban por una paz basada en la justicia del Reino de Dios, «por la pacificación de los espíritus por la verdad y la caridad».

Los firmantes de aquel histórico documento -al que había antecedido, entre otros, la «Memoria dirigida al Papa Pío XII» (1944)- fueron duramente condenados por defender los derechos del pueblo vasco. Castigados, estigmatizados, desterrados algunos de ellos, el valor, verdad y justicia humanas y evangélicas de aquella acción y de sus firmantes no han sido reconocidos públicamente todavía por la institución eclesiástica representada entonces por quienes, desde su sumisión al régimen dictatorial, les reprimieron de forma tan injusta.

Al pedir una reparación y reconocimiento públicos a estos compañeros -cuyas denuncias y peticiones respondían ya a la línea del concilio Vaticano II- afirmo, junto a otros muchos, la solidaridad y gratitud hacia ellos. En las recientes jornadas de Herria 2000 Eliza sobre la Iglesia en Euskal Herria se hizo una mención especial en su memoria, y se invitó a reivindicar aquel valeroso documento, cuyo texto se repartió entre los participantes. Además se recordó que la acción de aquellos 339 sacerdotes no fue una voz aislada. Estaba y sigue unida a la de otros grupos y personas en todos los herrialdes de nuestro pueblo que, a lo largo de la historia reciente, han continuado y siguen alzando su voz en la defensa de aquellos derechos, denunciando la tortura, la situación de presos y presas y de su familiares, el respeto de los derechos colectivos, reclamando la paz desde la justicia que ponga fin al conflicto y a toda violencia en una sociedad democrática.

En estos momentos y contextos que vive hoy la Iglesia vasca, donde, como se indicó también en las citadas Jornadas, se está marcando y programando un futuro con dominantes tendencias involucionistas, cuando la institución eclesiástica apuesta por una línea conservadora, creyentes de hoy buscan, al igual que aquellos sacerdotes, una Iglesia al servicio evangelizador de Euskal Herria, solidaria con todos los pueblos del mundo, en especial con los más oprimidos, anunciadora de un mensaje de liberación, fiel a la identidad de su pueblo y defensora de todos los derechos, impulsora de pasos efectivos que puedan conducir a la paz desde la justicia.

Este compromiso continúa siendo el mejor homenaje a quienes en tiempos y contextos no tan lejanos -y todavía reincidentes- rehusaron «ser cómplices del silencio» y supieron testimoniar, desde la fidelidad al evangelio, el amor a su pueblo.