El Gobierno de Lakua quiere aprobar su plan de «Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia» en el Consejo del 8 de junio y que el texto que salga de él no tenga la abierta oposición del PNV, al contrario de lo ocurrido con la presentación del primer borrador.

Delegaciones de ambas partes volvieron a reunirse ayer en el Parlamento de Gasteiz por la tarde y constataron la existencia de algún acercamiento.

Pese a que la víspera el portavoz del PSE José Antonio Pastor había hecho una valoración pública muy negativa de las alegaciones presentadas por el PNV y había establecido el 31 de mayo como fecha límite para buscar un acuerdo, fuentes jeltzales consultadas ayer por GARA resaltaron que el Gobierno ha aceptado algunas de las propuestas del PNV y que volverán a reunirse la próxima semana, después del lunes.

No hay votación

El sistema de tramitación de un plan de este tipo, que no necesita de una votación en el Parlamento, permite a ambas partes buscar el máximo acercamiento sin necesidad de llegar hasta un acuerdo total.

Es decir, lo que el Gobierno estaría buscando es que el plan que acuerde el próximo 8 de junio no tenga la abierta oposición del PNV y lo que ello podría suponer de dificultades para la puesta en marcha del mismo en las escuelas.

Para eso, el Gobierno ha echado marcha atrás en su idea de que el nuevo plan sustituya completamente al anterior. Mantiene partes del mismo a las que ha añadido el contenido de su reformulación, aunque suavizando algunos de los aspectos, como el referido a la defensa del «estado constitucional».

Sin embargo, el Ejecutivo de López tampoco está dispuesto a retirar aquellos puntos en los que quería dejar claramente marcada la impronta del Pacto PSE-PP tanto por voluntad propia como por el estrecho marcaje al que le somete el partido de Basagoiti.

En estas condiciones, los representantes del Gobierno del PSE y del PNV volverán a reunirse la próxima semana y analizarán el texto que puede ya considerarse como definitivo por parte del Ejecutivo y la delegación jeltzale volverá a pronunciarse sobre el mismo.

Lo que queda después es su aprobación en el Consejo y su remisión a la Comisión de Derechos Humanos, donde cada grupo parlamentario dará su opinión. Lo que el Gobierno desea es que habiendo introducido algunas correcciones solicitadas por los jeltzales, éstos no vuelvan a rechazarlo en su integridad y de esta forma dejen margen para su puesta en marcha.