La cercanía del campeonato mundial de fútbol, ha puesto de manifiesto la carrera tecnológica a que se ven enfrentadas las empresas televisivas para ofrecer transmisiones de mayor calidad. Pero los avances tecnológicos son un aspecto de los cambios que se requieren en los medios y no sólo en los audiovisuales.

El tema está presente en prácticamente todos los países de América Latina, porque lo que empezó con las transmisiones de las cadenas televisivas extranjeras y se consideró un logro que nos ponía en comunicación con el resto del mundo, se ha extendido a los periódicos y las radioemisoras.

Esto no sólo está referido a empresas estadounidenses. Los grupos Planeta y Prisa, españoles, también están adquiriendo radios y diarios, y en ocasiones eso les permite acceder a canales de televisión. Al comprar el periódico «El Tiempo», Planeta adquirió también TV Colombia, el tercer canal privado de ese país, cuya señal llega a Centroamérica y el Caribe y también a la costa Este de Estados Unidos.

Por su parte, el grupo Prisa adquirió, entre otras, las seis estaciones de radio con mayor sintonía en Chile, lo que teóricamente le da influencia sobre el sesenta por ciento de la audiencia del país. Los radiodifusores chilenos protestaron, pero más bien porque la legislación española impide que ellos puedan comprar radios en España.

En esta situación que se da en nuestra región se están haciendo cambios en la legislación, los que inciden en lo tecnológico. En Chile, por ejemplo, durante el Gobierno de la presidenta Bachelet se planteó dictar una ley sobre televisión digital, pero aún no ha sido aprobada por el Parlamento.

El actual Gobierno de Sebastián Piñera se propone que este año quede aprobada la ley y que para el mundial de fútbol los canales televisivos, tanto el estatal como los privados, transmitan en su señal digital porque tienen, desde antes, autorización para una señal de prueba que vence en octubre.

Pero esto no democratiza la televisión chilena, porque en el 60 por ciento de los hogares sólo se accede a las transmisiones de televisión abierta. El ministro de telecomunicaciones dio a conocer un plan para que en un máximo de ocho años se haya realizado la transición al sistema digital.

Sostuvo también que «no vemos ninguna razón política o técnica para seguir privando a los más pobres de acceder a un adelanto tecnológico que ya existe» y agregó que «hoy es tiempo de partir con la televisión digital abierta y gratuita, sin detenernos hasta que este beneficio está disponible en cada hogar de Chile».

La intención vale, dice el refrán, pero para recibir en buena forma la televisión digital hay que tener un televisor adecuado o en su defecto comprar un decodificador. En Chile valen cuarenta mil pesos, que equivalen más menos a 80 dólares y los sectores de menores ingresos que no pueden comprarse otro televisor tampoco pueden adquirir el decodificador.

De una u otra manera llegamos al fondo del asunto, que es la democratización de los medios, lo que no sólo se refiere a los contenidos, porque también incide en la realidad económica de los sectores mayoritarios de cada país.

La ley de medios más completa que se ha dictado en América Latina es la que se aprobó por amplia mayoría el año pasado en el Parlamento argentino y que no ha podido ser aplicada debido a los recursos presentados ante los tribunales por distintos opositores a la misma.

Al iniciar estas líneas, la Corte Suprema de ese país había declarado admisible el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo para que se aplique la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y giró el caso a procurador general para que emita un dictamen y entonces la Corte resolverá. Se calcula un plazo de diez días.

Ahora bien, la ley lo que hace es abrir los medios audiovisuales, radio y televisión, permitiendo que tanto las empresas del ramo como los gobiernos provinciales y municipales, así como las cooperativas, las universidades, las organizaciones sin fines de lucro y los pueblos originarios puedan acceder a una licencia para operarlos.

Al mismo tiempo, se ponen limites a la concentración de licencias, fijando topes a la cantidad de ellas que puede tener un mismo concesionario, rebajándolas de las 24 actuales a 10. Se determina también que ningún operador podrá dar servicio a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los suscriptores. Las concesiones serán por 10 años, prorrogables por otros 10 y no se podrá renovar una tercera vez.

La ley tiene otros aspectos interesantes que atañen al uso del lenguaje de señas y de audio descripción para personas con discapacidades diversas. Se contempla además el abono social en el caso de que en un lugar haya un solo prestador de servicio, a objeto de que todos los habitantes del sector tengan acceso a la radiodifusión o a la televisión.

En fin, se trata de una ley que modifica a fondo la legislación vigente, que es la dictada en 1982 por la última dictadura militar. El texto aprobado favorece al prestador de servicios nacional, limita la participación del capital extranjero en los medios y crea órganos colegiados para la aplicación, interpretación y cumplimiento de esta ley.

Y como el mundial de fútbol no podía estar ajeno a la discusión de estos días, trascendió que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández distribuirá 1.2 millones de decodificadores en forma gratuita para que los sectores de bajos recursos también puedan ver el campeonato a través de la señal digital que emitirá Canal 7, que es el canal estatal.

Los beneficiados serán los que no reciben señal por cable ni por satélite y que sólo ven cuatro señales. Y esto tiene muy contento a Maradona, quien mientras se debatía el proyecto dijo: «Me hace muy feliz que todos los argentinos por igual, desde cualquier rincón del país puedan ver y disfrutar del fútbol, que tantas alegrías nos brinda».

© Alai-Amlatina