Ya es un hecho la congelación de las pensiones y la amputación de las ayudas sociales; la reducción del presupuesto para los servicios públicos; la irretroactividad de las prestaciones sociales; la exigencia de que los presupuestos públicos de todas las administraciones del Estado reduzcan gastos destinados sobre todo a sanidad, educación y servicios sociales sin que se hayan tocado para nada los beneficios fiscales del capital y la especulación bancaria haya disminuido. La respuesta sindical ha sido una huelga en el sector público -realizada mayoritariamente por mujeres- como si al resto de la sociedad no nos afectaran estas medidas. La respuesta tendría que haber sido más amplia y contundente.

Quizás se está esperando a la reforma laboral, que va en la más clara línea de desregularización de la normativa en vigor y que supone implantar como modelo el derecho de «libre» regulación de las partes, lo que va a dejar a las y los trabajadores en la más absoluta desprotección e indefensión, ya que amplia al máximo las facultades empresariales en detrimento de las garantías y derechos del trabajador y la trabajadora individual. Es decir, medidas dirigidas a recortar los derechos y garantías de la clase trabajadora, a precarizar y segmentar, abaratar y facilitar el despido, de modo que las empresas dispongan casi absolutamente de la mano de obra, y con una transferencia de recursos hacia las rentas del capital.

El propio Gobierno español admite que con estas medidas el paro no va a disminuir, al contrario se esperan tasas más elevadas todavía. La consecuencia de todo esto es que se va a intensificar que la población esté cada vez más polarizada entre las clases sociales. Pero, incluso entre la gente menos favorecida, siempre hay colectivos que por encontrarse entre los tradicionalmente marginados, están en una situación más vulnerable ante la crisis económica, entre los que las mujeres van en cabeza. Son más numerosas que los hombre a la hora de ocupar puestos de trabajo a tiempo parcial, trabajan mayoritariamente en el sector servicios, en pequeñas empresas donde se constata la fragilidad y precariedad de las condiciones de trabajo, con salarios notablemente inferiores a la media de los de los hombres, mayoría en la economía sumergida...

Hay un axioma comprobado: el incremento del paro aumenta el nivel de pobreza. Pobreza que, aún primando el de la «feminización», ha adquirido nuevos rostros: jóvenes con problemas de integración laboral, mayores con pensiones mínimas, personas en paro de larga duración, inmigrantes, trabajadoras y trabajadores despedidos de sus empresas con veinte y treinta años de cotización, pero a quienes todavía les quedan unos quince o más años para jubilarse...

Con todo este ataque a la línea de flotación de los derechos de las y los trabajadores, de las personas en paro, de las y los pensionistas... como si fueran culpables de una crisis de la que sólo son víctimas ¿para cuándo una contundente huelga general?