En el escrito de la Fiscalía se indica que el acusado, Antxon Perea Ruiz de Larramendi, en su condición de director de Pastguren de 1998 a 2006, conocía el funcionamiento de la planta papelera de Zalla y su situación ambiental. Por ello, se le considera responsable de tres vertidos ilegales al cauce del Kadagua y a un afluente de éste, el arroyo San Cosme, los días 13 y 20 de agosto y 9 de setiembre de 2005, que se atribuye al «vertido continuo y directo de lixiviados» al río desde el verdetero de la fábrica.

Unos meses después, el 27 de abril de 2006, agentes del Seprona constataron que el agua del Kadagua sufría una «alteración perjudicial del agua», con el consiguiente riesgo para el medio ambiente y los sistemas naturales, al detectarse un gran contenido de materia orgánica.

El Ministerio Público destaca en su escrito de acusación que, «en todo caso, la empresa carecía de autorización administrativa para el vertido al arroyo La Jara y tras éste al río Cadagua, y a pesar de ello, desde el vertedero se realizaba vertido directo y continuo de lixiviados, incumpliendo la Ley de Aguas de 20 de julio de 2001 y su normativa de desarrollo».

Además, la Fiscalía subraya que Pastguren no cumplió con las medidas correctoras fijadas por el Ejecutivo de Lakua y que fueron por las que el Ayuntamiento de Zalla concedió el 21 de setiembre de 1999 la licencia de actividad.

En el escrito de acusación se va más allá en la exposición de los hechos que se van a juzgar, ya que se relata que hay constancia de vertidos provocados por la papelera en 2002 y 2004. La Fiscalía señala que el director, «a pesar de ser conocedor» de todas estas irregularidades, no adoptó medida alguna para prevenirlas y evitarlas.