Ocho veces aparece la palabra «diálogo» en el denominado Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la violencia. Siete, en realidad, ya que una de las veces es una repetición de una frase anterior. El término «negociación», nos lo encontramos en dos ocasiones.

Este Plan carece de un consenso social y político amplio (incluida la comunidad educativa). Además está siendo contestado socialmente. Un Plan pedagógico debería generar espacios y tiempos que propicien reflexión y debate en torno al uso de la violencia por los agentes implicados en conflictos de naturaleza política y social. ¿Acaso no es ético preguntarse por qué existe un sentimiento arraigado y compartido en nuestra sociedad en cuanto a la legitimidad del recurso a la violencia? ¿De qué sirve hablar de «ilicitud» e «ilegalidad», cuando ese sentimiento es un factor decisivo del uso de la violencia?

Se trata únicamente de mostrar la mayor firmeza posible contra «la violencia terrorista de ETA». Sus pretensiones adoctrinadoras ponen de relieve su debilidad. ¿Por qué no se alude a los procesos de diálogo y negociación que se han llevado a cabo, a las diferentes y variadas iniciativas a favor de una resolución dialogada del conflicto, a la guerra sucia o el GAL? Tal vez no les interesa pasar de una lógica de gestión de los conflictos mediante la violencia, a una lógica de la negociación política.

Los argumentos para legitimar la lucha armada no tienen por qué ser incompatibles con la empatía hacia [todas] las víctimas. La oralidad es importante para socializar las propias experiencias, pero siempre según los parámetros de verdad, justicia y reparación.