El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer, con el apoyo del PSE y del PP, y la abstención de PNV, la ley que recoge la bajada de los sueldos de los funcionarios y altos cargos de la Administración autonómica, con el fin de lograr un recorte de cien millones de euros en los gastos de personal.

Esta reducción salarial, que contó con los votos en contra de Aralar, UPyD, EA y EB, afecta a funcionarios, personal laboral y empleados de empresas públicas vascas, aunque también se reducirán en la misma medida los importes anuales de gastos de personal de trabajadores de centros educativos concertados.

Esta ley, que modifica la de Presupuestos para 2010, fue tramitada por el procedimiento de lectura única, por lo que contiene en su totalidad las propuestas del Ejecutivo de Lakua, sin modificaciones vía enmienda por parte de los grupos.

Durante el debate, el consejero de Economía, Carlos Aguirre, defendió su necesidad para «no poner en peligro la incipiente recuperación económica» y para «disminuir el nivel de endeudamiento», según informó Efe.

Sin embargo, reconoció que las medidas han provocado una revisión a la baja en las previsiones de crecimiento de la economía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para los próximos años. Aunque se mantiene en un 0,5% para este año, se reduce la de 2011 en dos décimas y se sitúa en 1,6%, mientras que la del 2012 y 2013 se baja en una décima, y se quedan en un 2,1% y un 2,3%, respectivamente.

Lakua logró sacar adelante esta modificación legal gracias a los votos del PP. Su representante, Antonio Damborenea, explicó que, a pesar de estar en contra del decreto del Ejecutivo español que obliga a las autonomías a reducir sus gastos de personal, su partido respalda la reducción en la CAV «porque sus efectos son menos perjudiciales que los planteados por Zapatero».

Seguirá esta línea en 2011

José Antonio Pastor (PSE) reconoció que estas medidas no son las que más le gustan a su partido, pero señaló son «las que tocan para avanzar como país», y aseguró que el gabinete de López seguirá en esta línea en 2011. Ane Urkiola (PNV) restó credibilidad al Gobierno de López para plantearlas porque, entre enero y mayo aumentó su gasto corriente en 82 millones de euros, y reclamó para la CAV soluciones distintas porque su situación económica es mejor que la del Estado. Sin embargo, no votó en contra.

La portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro, dijo que la ley «no da una respuesta adecuada a la situación».Gorka Maneiro (UPyD) dijo que los recortes son «antisociales, injustos y regresivos», mientras que Mikel Arana (EB) defendió que «hay otra manera distinta» para salir de la crisis. Por último, Jesús María Larrazabal (EA) también apuntó que la decisión adoptada es «la vía más fácil y que generará inseguridad jurídica».

Los recortes salariales se aplicarán en las nóminas del mes de julio, pero con carácter retroactivo a 1 de junio. El mayor esfuerzo se aplicará en la paga extraordinaria de Navidad.