El pleno extraordinario de ayer en Berriozar acabó en encierro y ayuno en el Consistorio. Los representantes del pueblo se habían dado cita para debatir si el Ayuntamiento debía mostrar su apoyo a los tres concejales no adscritos (Fermín Irigoien, Izaskun Cebrián y Ezekiel Martín) acusados de «enaltecimiento del terrorismo» por la Audiencia Nacional.

La iniciativa venía herida de muerte, debido al complicado equilibrio de fuerzas dentro del Ayuntamiento. El grupo de NaBai había introducido unas modificaciones a la moción de la izquierda abertzale y ésta no dio su brazo a torcer, por lo que llegaban a la sesión dos mociones. Fermín Irigoien explicó que no entendió qué buscaba NaBai al introducir modificaciones a un texto «que había sido ya refrendado con las firmas de los ciudadanos y que ha sido aprobado en otros ayuntamientos como el de Uharte o Atarrabia». Según el edil abertzale, cualquier modificación desvirtuaría la campaña esta campaña de adhesiones.

El otro escollo fatal para la propuesta vino desde las filas de IUN, cuya concejala, Laura Jiménez, ejerce de llave entre el bloque abertzale y los nacionalistas españoles. Jiménez, aunque dijo «respetar la convocatoria del pleno», manifestó no compartir «las propuestas de ANV» y expresó su «confianza en la separación de poderes». La edil pasó de puntillas por el único punto del día para después comenzar a hablar sobra la crisis económica.

El desencuentro entre los tres concejales de NaBai y los tres imputados dejó abstenciones en ambas propuestas, por lo que la aritmética decantó la balanza del lado de UPN, PSN y CDN.

Xabi Lasa, alcalde de Berriozar, justificó su postura en que el texto no había sido consensuado y, que aunque ellos hubieran querido una moción «unívoca», no votarían un texto en el que no han intervenido. El portavoz de la izquierda abertzale lo desmintió, alegando que el texto original incluía alusiones a Sergio Sayas (el líder de UPN) como instigador de la caza de brujas y fue modificado para buscar el respaldo de los tres representantes de NaBai. La moción de la izquierda abertzale incluía además sufragar el gasto de un autobús a Madrid para protestar durante la toma de declaración de los electos, que tendrá lugar el próximo 13 de julio.

Encierro y manifestación

Los tres concejales se enfrentan a una pena de 18 meses de cárcel y diez años de inhabilitación absoluta (imposibilidad no sólo de ejercer cargo público, sino también de trabajar como funcionario o en cualquier empresa con participación pública) a raíz de las pasadas fiestas. La AN les acusa de enarbolar una bandera en favor de los presos durante el txupinazo y entregar flores a familiares de represaliados políticos. Irigoien, en concreto, está imputado por tocar el txistu durante un aurresku.

La sala estaba abarrotada de simpatizantes con la causa de los ediles no adscritos. Muchos entraron con sacos de dormir, puesto que inmediatamente después del pleno se quedarían a pasar la noche en la sala. Su intención era iniciar un ayuno y abandonar el Ayuntamiento hoy a las ocho de la tarde, para acudir a una manifestación.