Tras su constitución oficial el pasado 24 de junio, el Consistorio ya cuenta con su último órgano consultivo, el Consejo Cívico, al que el propio alcalde, Iñaki Azkuna, otorga las competencias de «estudiar el futuro de Bilbao, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y qué tipo de ciudad queremos». Aunque el regidor llegó a decir al día siguiente de su primera reunión que en ese foro creado siguiendo las directrices de la Ley Básica de Régimen Local español «estuvo representado todo el mundo», la realidad es bien distinta, ya que la mayoría de sus vocales representa a sectores vinculados a los poderes económicos y políticos, siendo de mero trámite la presencia de sindicatos y colectivos sociales.

La considerada por Azkuna «representación cualificada y extensa de la capital vizcaina», por otros «senado», tendrá la misión de reflexionar sobre los retos, las amenazas y las oportunidades que se presentan en el horizonte de la villa. Mal comenzó, pues meses antes de la reunión del día de San Juan en Alhóndiga Bilbao, representantes políticos, instituciones y sectores económicos tenían ya su sitio mientras asociaciones vecinales tenían que reivindicar en la calle su presencia; al final, un vocal entre setenta elegidos desde Alcaldía.

Con tal correlación de fuerzas, proclive a la derecha económica, la segunda teniente alcalde y portavoz de Ezker Batua, Julia Madrazo, apuntó a que el Consejo Cívico «tratará de generar ejes estratégicos consensuados para afrontar los grandes retos que puede tener la capital vizcaina en las próximas décadas, mientras que en la vía más cotidiana se podrá complementar con el Consejo Asesor de Planeamiento o con otros consejos sectoriales».

Desde el movimiento ciudadano se saluda la creación del Consejo en esta línea apuntada por Madrazo, aunque aclaran que «no está mal en intenciones pero no hay cauces para que todos y todas estemos en igualdad de condiciones» para que sus posturas se reflejen en las grandes decisiones estratégicas. Así, recuerdan el papel jugado por el Consejo Asesor de Urbanismo en la reforma del Plan Especial de Zorrotzaurre obligada por una sentencia del TSJPV, «que se plegó a los intereses políticos, en vez de atender las peticiones de los vecinos».

Lo que sí está claro es que la Fundación Metrópoli, que dispondrá de una sede en el antiguo edificio de Tarabusi en Zorrotzaurre y uno de cuyos consejeros es Jon Azua, está llamada a ser «fuente de inspiración» para las autoridades locales. Ahí la presencia de tres de sus representantes en el «senado» de Azkuna, en el que también se sientan por su «especial relevancia o prestigio profesional o social», personas como Ignacio Marco-Gardoqui, director ejecutivo de Morgan Stanley y consejero del Banco Crédito Local de España; el ex diputado general de Bizkaia Josu Bergara; la ex concejal de EA y abogada Jasone Irarragorri; el notario Ramón Múgica, el empresario Juan Antonio Zuluaga Delgado o el ex consejero delegado del BBVA y presidente de Innobasque, Pedro Luis Uriarte.

Bilbo, «centrópli» del norte

En su alocución ante el plenario del Consejo, un represetante de la Fundación Metrópoli apostó por aumentar la población del área metropolitana, ahora en decrecimiento, partiendo de su idea de que «las ciudades referenciales en el mundo tienen más de un millón de habitantes», para convertir a Bilbo en la «centrópoli» referente de Cantabria, Burgos, Donostia, Gasteiz, Baiona, Zaragoza, Burdeos e Iruñea. Para ello, creen imprescindible potenciar la alta velocidad ferroviaria y las conexiones con el aeropuerto de Loiu, así como construir nuevos viales.

Ante estos informes u otros en manos de los responsables municipales, hay quien duda del papel que le tocará jugar al informe de participación ciudadana encargado a Parte Hartuz en toda esta reflexión. «La redacción de un nuevo PGOU, más en el actual contexto de incertidumbre político-económica, es un trabajo complicado. Seguro que hay muchos informes en danza», aventuran los profesores Iñaki Barcena y Josu Larrinaga, que dirigen el trabajo sociológico de la UPV-EHU.

Ambos coinciden en que «si los movimientos sociales que articulan a la ciudadanía bilbaina, a los sectores más desprotegidos de la sociedad, estiman que el diseño del futuro urbanístico de la ciudad les concierne y exigen y consiguen que sus planteamientos se tengan en cuenta, entonces los informes de Parte Hartuz servirán probablemente para aportar algo de claridad en cuestiones de democracia participativa, ciudadanía y buen gobierno, que es para lo que se escriben».