Parte Hartuz lleva desde 2009 elaborando un trabajo que pretende analizar cauces de participación en el proceso de revisión del PGOU de Bilbo. ¿Qué respuesta están recibiendo de los diferentes agentes?

Desigual, pero esperanzadora. Existen tensiones y conflictos que no podemos ni queremos evitar, pero constatamos que en muchos sectores de la administración municipal se vive con interés todo lo relacionado con la participación ciudadana y que se contempla en muchos casos como una cuestión a afrontar.

Entre los movimientos sociales también hay, como es lógico, interés porque se abran nuevos cauces para la participación, pero las anteriores experiencias no son ejemplares. Las asociaciones de vecinos, por ejemplo, han hecho de esta cuestión una reivindicación de carácter central. Ecologistas y feministas han realizado numerosas aportaciones en cuestiones relacionadas con el urbanismo. Se echa de menos un mayor interés de otros agentes como los sindicatos. En general, las respuestas están siendo positivas. Y siempre hay que dejar claro que no somos perfectos, igual no hemos sabido llegar a todo el mundo, pero lo intentamos.

En los sectores empresariales el interés es desigual, se ha llegado más a hosteleros o comerciantes que a otros sectores más ligados a actividades inmobiliarias y de construcción que, seguramente, están acostumbrados a otros procedimientos para influir en la política de la ciudad. A su vez, para que el proceso madure es necesaria una mayor implicación de todos los sectores concernidos. Puede parecer un círculo vicioso, pero en los procesos participativos a base de insistencia y buena disposición esos círculos pueden o suelen ser de carácter virtuoso. En manos de todos los implicados está.

¿Creen que los responsables del Consistorio tendrán en cuenta sus sugerencias?

Bueno, nos han pedido que hagamos este trabajo y pagan por ello, dan la cara ante los invitados a seminarios, jornadas y talleres..., se ha establecido una relación muy fluida con los miembros de la Oficina Técnica del PGOU. Trabajamos a gusto. Por otro lado, teniendo en cuenta los plazos, es muy posible que los responsables políticos actuales del Ayuntamiento no sean los mismos al final del camino.

¿No tienen la sensación de que este tipo de trabajo tan sólo sirve a los representantes institucionales para dar cierto barniz participativo a decisiones adoptadas de antemano?

En Porto Alegre también el PT invento así, de arriba abajo y pasando de las asociaciones ciudadanas adversas a sus políticas, el presupuesto participativo. Las experiencias sobre participación en políticas municipales, algunas muy exitosas y bien valoradas y otras fracasadas, pueden servir para legitimar decisiones tomadas de antemano. Suele depender de muchos factores impredecibles entre los que hay que hablar de las distintas correlaciones de fuerzas entre partidos políticos, agentes sociales y económicos implicados en el proceso.

En la democracia convencional, los mandatarios municipales están relativamente legitimados para imponer sus decisiones: han sido elegidos en unas elecciones democráticas que se celebran cada cuatro años, etc. Aquí habría que hacer alguna salvedad importante para la situación actual en Euskal Herria y en concreto en Bilbao, que estará en la cabeza de muchos lectores, pero incluso obviando esa cuestión hay que decir que cada vez más políticos y en más lugares piensan que pueden relegitimar sus decisiones mediante procesos participativos. No se corresponde a nuestro ideal, pero algo es algo.

Y al mismo tiempo los movimientos sociales -vecinales, ecologistas, feministas, etc.- se han dado cuenta de que pueden utilizar esas necesidades de relegitimación de los políticos para ampliar los espacios de esos procesos participativos y convertirlos en verdaderas alternativas a la gestión política convencional. En manos de esos movimientos sociales está, al menos en parte, el acertar o no en la apertura de esos nuevos espacios y procesos que transformen de verdad la política. Unido a esto, una reflexión más centrada en el caso de Bilbo: a nuestro entender movimientos como el vecinal se equivocarán si piensan que su legitimidad está dada y debe ser reconocida por los poderes públicos mediante la participación en tal o cual consejo asesor (que sólo suelen tener funciones consultivas). La legitimidad de los movimientos sociales se consigue en su habitat, en la movilización y en la presentación de alternativas a los modelos urbanos imperantes.

Tanto en Olabeaga como en Zorrotzaurre también se impulsaron unos talleres participativos y luego se impusieron los criterios de la Administración y sus urbanistas «estrella». ¿Qué diferencia hay en su proyecto respecto a aquellos?

Cada caso es distinto. Las diferencias se darán o no en el proceso en función de las dinámicas desarrolladas por todos los agentes implicados. En todo caso, al menos a nivel teórico, seguro que todos están de acuerdo con nosotros en plantear que siempre será mejor que los desacuerdos se solventen mediante procesos de participación que mediante la judicialización de los conflictos, u otras alternativas peores.